Al menos 52 presos murieron y 12 quedaron heridos, 5 de ellos de gravedad, en un motín ocurrido ayer en el penal mexicano de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, generado al parecer por un enfrentamiento entre líderes de dos cárteles enfrentados, que derivó en la peor rebelión carcelaria en la historia del país.

Todas las víctimas son hombres que murieron por asfixia, golpes o heridas de armas blancas caseras, y según la información oficial no se trató de un intento de fuga.

El episodio se dio apenas un día antes de la visita a México del papa Francisco, casi como un recordatorio para el prelado acerca de a qué país llega: golpeado por la violencia y con cerca de 150 mil muertos en 9 años, desde que el gobierno declaró la guerra a las bandas criminales, en diciembre de 2006, durante la gestión de Felipe Calderón.

“Se puede confirmar el fallecimiento de 52 personas y de 12 heridos”, afirmó el gobernador del estado de Nueva León, Jaime Rodríguez Calderón, quien además detalló que no hubo “infantes ni mujeres heridos”, ni se fugó ningún recluso durante el incidente.

El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del motín. “Deseo una pronta recuperación a quienes resultaron heridos en los trágicos hechos ocurridos en este penal estatal”, añadió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.

El gobernador Rodríguez Calderón relató que los hechos comenzaron “por un enfrentamiento entre presos”, derivado de “una disputa entre los grupos liderados” por Jorge Iván Hernández Cantú, alias “el Credo”, y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, “el Z27”.

“El Credo” es considerado cabecilla del Cártel del Golfo, quien controlaba una parte de la prisión y fue detenido por el Grupo Antisecuestros en el 2012, pero su liderazgo era disputado por Saldívar, que antes estuvo en una cárcel de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el gobernador reconoció que “los hechos son sumamente lamentables y dolorosos”, calificó de “tragedia” el incidente y admitió que fue causado por “la situación tan difícil que se está viviendo en los centros penitenciarios” mexicanos.

Al parecer, en pleno enfrentamiento varios presos prendieron fuego las bodegas de víveres, lo que afectó a las áreas de dormitorios; mientras numerosas peleas se daban con armas punzocortantes, bates de beisbol y palos.

El motín fue controlado casi dos horas después gracias a que se sumaron a la operación miembros del Ejército y de la Marina mexicanas.

Fuentes del Gabinete de Seguridad citadas por la cadena Televisa indicaron que hace apenas unos meses el Ejército dejó la tarea de vigilancia del penal y el control quedó solo en manos de las fuerzas de seguridad del estado de Nueva León.

Familiares en busca de explicaciones

Poco antes del encuentro del gobernador del estado de Nueva León, Jaime Rodríguez Calderón Rodríguez Calderón con la prensa, familiares de los presos del penal se enfrentaron a la Policía en los accesos a la cárcel, a la que se habían acercado para averiguar si sus parientes recluidos estaban vivos.

Desde antes del amanecer se escucharon detonaciones, se vio una columna de humo de uno de los edificios y se observó una gran cantidad de ambulancias entrando y saliendo del complejo penitenciario, mientras vehículos del Servicio Médico Forense también llegaron para trasladar a los cadáveres a la morgue.

Miembros de la Policía, el Ejército y la Marina cerraron las calles del alrededor del penitenciario, pero no pudieron evitar que los familiares, desesperados por la falta de información, abrieran por la fuerza uno de los portones y hasta estuvieran a punto de entrar a las instalaciones penitenciarias.

Algunos de los parientes de los reclusos arrojaron piedras y obligaron a las fuerzas de seguridad a frenar su intento de entrar a la cárcel.

Aunque la cifra oficial es de 52 muertos y 12 heridos, fuentes citadas por sitios locales, radios y canales, estiraban la cifra hasta 60 y llevaban a un número similar la cantidad de lesionados de gravedad.

Rodríguez Calderón dijo que el proceso de identificación de las víctimas está en curso y explicó que “por respeto a las familias” se espera “tener certeza sobre la identidad de cada una de las personas fallecidas”.


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