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En las elecciones del pasado 26 de octubre, votaron en las 17 mesas de Aguas Blancas 1.958 ciudadanos de un padrón con 5.792 electores habilitados. Con ese bajísimo nivel de participación, del 33,80%, el municipio salteño fronterizo con Bermejo (Tarija) volvió a dar la nota nacional. Ya en los comicios provinciales del 11 de mayo la comuna más joven del departamento Orán había marcado el mínimo histórico con apenas 1.403 sufragios expresados en las urnas (un 24.64% de participación).
¿Qué factores incidieron en los elevadísimos indicadores de ausentismo electoral de Aguas Blancas?
Por más descreimiento y hartazgo que pudiera haber en esa pequeña comunidad fronteriza, no habría descontento social que pueda explicar por qué solo dos o tres de cada diez votantes habilitados optarían por concurrir a las mesas que tienen a un paso de sus viviendas para acompañar o castigar a gestiones, posicionamientos políticos y candidaturas tan diversas como variadas.
¿Acaso fueron adversidades meteorológicas o algún evento extraordinario los que impidieron a la inmensa mayoría de la población ejercer su derecho y deber cívico?
Nada de eso. Lo único que marcó diferencias en ambas elecciones con respecto a las anteriores fue la decisión de extremar el control de los cruces fronterizos con fuerzas federales y provinciales integradas en el Plan Güemes, para evitar que ciudadanos extranjeros con documentos argentinos irregulares, residencias fraguadas y domicilios falsos inclinaran las urnas.
La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, detalló ayer a El Tribuno los alcances que tuvo un amplio operativo que los ministerios de Seguridad de la Nación y la Provincia desplegaron durante la jornada electoral del pasado domingo en la línea de Aguas Blancas, junto a Migraciones y otros organismos. Ese operativo no fue muy distinto al que anunció la ministra Patricia Bullrich en la semana previa a las elecciones provinciales del 11 de mayo, salvo por la resaltante presencia del fiscal federal Ricardo Toranzos y su equipo de colaboradores.
El fiscal titular del Area de Casos Complejos investiga las serias inconsistencias que Cornejo denunció en septiembre de 2024 en el padrón de Aguas Blancas. Esas irregularidades fueron corroboradas el pasado 9 de septiembre con un relevamiento casa por casa que sumó elementos probatorios de más de 2.000 inscripciones irregulares.
Con esa y otras medidas impulsadas por Toranzos, el dispositivo del domingo 26 de octubre apuntó a prevenir y detectar maniobras irregulares vinculadas al uso de certificaciones falsas en la emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y la conformación del padrón electoral. Las maniobras ilícitas que están bajo la lupa de la Justicia Federal de Salta no solo han permitido a cientos de personas extranjeras votar sin tener residencia real en el país, sino también acceder a planes sociales, pensiones graciables por invalidez y otros beneficios previsionales, tras los cuales también se investiga un monumental fraude con perjuicios multimillonarios para las arcas públicas.
Delitos federales
Por lo pronto, el fiscal Toranzos y su equipo tomaron intervención directa en el control fronterizo e instruyeron actuaciones ante posibles delitos federales penales como la falsedad ideológica en declaraciones juradas y la adulteración de datos personales con fines electorales.
La directora de Vigilancia y Control de Fronteras remarcó que las acciones que hicieron a muchos desistir de cruzar desde Bermejo a Aguas Blancas para sufragar con falsas residencias buscan, en lo inmediato, resguardar la soberanía del voto. "Queremos que en Argentina elijan los argentinos. No puede ser que estas viejas prácticas y políticas fraudulentas sigan manipulando el voto en zonas de frontera, vulnerando la voluntad popular y afectando la seguridad del Estado", remarcó Cornejo.
La funcionaria nacional subrayó que aquellos ciudadanos con domicilios falsos deberían ser excluidos del padrón hasta regularizar su situación y declarar su residencia real para poder votar. Cornejo hizo notar que la práctica de modificar domicilios para obtener beneficios o prebendas políticas es una forma de fraude electoral. También advirtió que las maniobras ilícitas investigadas también podría estar vinculada, en algunos casos, a redes ilegales más amplias como las del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos asociados al crimen organizado transnacional.
En ese sentido, se remarcó que Argentina debería adoptar medidas similares a las de otros países de la región, como Bolivia, que durante los días de comicios dispone el cierre de fronteras para preservar la transparencia del proceso electoral.
En este punto, Cornejo insistió en que, más allá de las medidas de control, un factor crucial está en la responsabilidad de los funcionarios públicos: "Lo más importante es que quienes tienen a su cargo la función pública asuman el compromiso de controlar con rigor cómo se registran los datos para emitir documentos nacionales argentinos. De ese modo se protege la identidad, la ciudadanía y el valor del voto", recalcó.
"Cada voto trucho es una herida a la democracia. Vamos a seguir trabajando con firmeza para que las fronteras sean sinónimo de soberanía, de legalidad y no de impunidad", concluyó la funcionaria.