Las declaraciones del ministro de Defensa, Arturo Puricelli coronaron unos días plagados de errores, excesos y desaciertos en el conflicto con prefectos y gendarmes. Ayer, desde Córdoba, el funcionario nacional sostuvo que los salarios de los uniformados “son adecuados y razonables” y van en concordancia con “la realidad económica” de la Argentina.

De esta manera Puricelli defendió las medidas anunciadas por el Gobierno nacional ante la negativa de ceder al reclamo de un básico de 7.000 pesos. Por otra parte, en sintonía con las calificaciones oficialistas que tildaron de “desestabilizadoras o golpistas” a las protestas, el ministro afirmó que en las manifestaciones “se infiltraron personas por otros objetivos que no eran salariales”.

Cabe recordar que el pasado martes 2 de octubre, los oficiales de Prefectura y Gendarmería se encontraron severos recortes en sus recibos de sueldo. Hubo quienes denunciaron sufrir una disminución de hasta el 70%.

Es que el polémico decreto de la ministra de Justicia Nilda Garré eliminaba un conjunto de adicionales y suplementos “en negro”, los cuales representaban hasta el 80% de la estructura salarial de las fuerzas. Pero dejaron en pie algunos “complementos” que hablan por sí solos: 13.000 pesos de bolsillo para los jefes y sólo 3.000 pesos, y sujetos a las deducciones por ganancias, para los de menor rango. El recorte fue tan arbitrario que abrió una fuerte crisis en las jerarquías militares y producto ciertas fracturas en las fuerzas vivas.

La contradicción con Cristina

No hace falta irse muy atrás para recordar que la Presidenta también consideraba que los salarios de los uniformados es bajo. En una cadena nacional el 26 de junio pasado tras la muerte de siete gendarme en un accidente, la Presidenta mencionó el listado del personal fallecido y leyó los sueldos de los efectivos que iban desde los 2.900 a 4.100 pesos. “Ya sé, mañana van a decir qué poco que se les paga a los gendarmes, por qué no les aumentan el sueldo” dijo la jefa de Estado.

Por esto, es que cabe preguntarse que cambió para que Puricelli diga que los sueldos son “razonables”.

 El reclamo de un salario básico de 7.000 pesos plantearía un gasto adicional de 4.000 millones de pesos en 2013.

Los adicionales con mayor peso se otorgaron con 6 decretos firmados entre 2006 y 2010 por Néstor y Cristina Kirchner.
Si bien trascendió el pase a disponibilidad de 8 gendarmes, hubo además 20 sanciones, que incluyeron a prefectos.
Los efectivos de Seguridad trabajan con salarios en negro, como lo hace el 35% de los trabajadores del país.

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