Era una promesa del gobierno socialista desde 2004, pero nunca se había concretado. Ahora -poco antes de que se cumplan cien días del mandato de Mariano Rajoy- el gobierno del Partido Popular quiere cambiar el hecho de que España sea el único país de la Unión Europea de más de un millón de habitantes sin una ley de transparencia y acceso a la información pública.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el anteproyecto de una nueva ley, cuyo borrador permanecerá abierto a propuestas y correcciones de quien quiera durante diez días. Pues la intención es presentar el apunte final el 17 de abril en Brasilia, donde se llevará a cabo la reunión del Open Government Partnership (http://www.opengovpartners.hip.org), una iniciativa internacional de gobierno abierto.

Por lo que se prevé, la nueva norma obligará a ayuntamientos, comunidades autónomas y al Gobierno a ser transparentes, con la posibilidad de ser castigados ante incumplimiento o falseamiento de datos. Así, los responsables políticos de las infracciones podrían ser sancionados con hasta diez años de inhabilitación para cargos públicos.

Para ello se habilitará un sitio web “de la transparencia”, en el que se publicarán los sueldos de los más altos cargos, los contratos, las ayudas públicas y subvenciones, entre otros ítems. De no colgarse la información y ser solicitada, el plazo máximo para hacerlo es de un mes.

Incluso las empresas públicas están contempladas para cumplir la nueva ley, una vez aprobada. Eso sí, la monarquía no está incluida. Según la vicepresidenta Soraya Sánz de Santamaría, la Casa Real “no es una administración pública”, por lo que no está contemplada en el borrador de la ley para que dé a conocer su patrimonio.

La nueva propuesta de ley tiene como gran precedente de modelo de gobierno abierto al de Estados Unidos (http://www.whitehouse.gov/open) y se basa además en los borradores de organizaciones civiles que desde hace tiempo batallan por una efectiva transparencia gubernamental como por ejemplo Pro Acceso (http://www.proacceso.org), Pro Bono Público (http://blog.probp.org) y Transparencia Internacional España (http://www.transparencia.org.es).

De todas maneras, pasarán meses antes de que entre en vigor la ley, por lo que todavía queda esperar para analizar su verdadero efecto.

“Pregunta que te lo gestionamos”

Eso sí, en coincidencia con la presentación de la ley de transparencia, en estos días fue inaugurado el sitio tuderechoasaber.es, el cual, con subvenciones de “crowfounding”, conseguidas a través de la plataforma Goteo, procurará gestionar respuestas a las preguntas de los ciudadanos.

La idea es que cualquiera que quiera hacerlo pregunte algo a una institución o pida documentos que sean de su interés. Luego, la organización civil envía un correo electrónico al organismo correspondiente y avisa cuándo llega la respuesta. Lo común, según la normativa vigente, es que la respuesta llegue en tres meses, si bien con la nueva ley el plazo se acortaría a un mes.

Esta iniciativa fue liderada por dos españoles empapados del tema: el ingeniero informático David Cabo y la abogada Victoria Anderica, quien trabaja en Acces Info Europe, una ONG que facilita el acceso a la información institucional en la Unión Europea. Ambos, con todo un equipo detrás, se inspiraron en el proyecto británico de My Society (http://www.mysociety.org) que creó la web www.theyworkforyou.com.

Así es que, de aprobarse la nueva ley de transparencia, esta ya cuenta desde ahora con ciudadanos fiscalizadores de su cumplimiento.

Últimas Noticias

Últimas Noticias de opiniones

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...