La decisión, extrema y espectacular, adoptada por el intendente Sergio Leavy al irse a vivir con su familia a los cuarteles, es el reflejo de una tensión que se percibe en la zona de frontera y que se vincula directamente con la ausencia de un proyecto de desarrollo. El piquete es la manifestación dramática de la exclusión. No puede existir sin una previa aniquilación de la cultura del trabajo. El asistencialismo, que disimula el desempleo, no resuelve nada.

El piqueterismo no es la consecuencia de la pobreza, sino de la crisis de un aparato productivo que se vuelve incapaz de generar empleo genuino.

Leavy denunció en más de una oportunidad la existencia de una “industria del piquete”. Se refirió así al cobro de peajes en los cortes de ruta y a la imposición de condiciones a las autoridades legítimas. “Si un funcionario no atiende a una familia numerosa ésta sale a cortar la ruta. Si tiene soluciones, busca a otro grupo y hacen otro piquete para un nuevo reclamo”.

Las organizaciones piqueteras intentan asumir una representación política, social y gremial al margen del orden constitucional. Cortar calles y rutas, ocupar terrenos, bloquear empresas o edificios públicos, tomar destilerías y amenazar con incendiarlas son delitos.

Los piqueteros a los que se refiere Leavy son organizaciones con propósitos políticos y con vínculos de distintas características con el poder local, que extorsionan a cualquier empresa que se instale en el lugar al exigir que contrate a su gente.

Los emprendimientos petroleros, rurales o agroindustriales requieren en San Martín, en Orán o en Rivadavia una fuerte inversión. La capacitación del personal especializado excede las posibilidades de la Universidad de Raúl Castells o la de las Madres de Plaza de Mayo.

Consecuencia: la empresa se va y no invierte. Entonces, quedan los planes del Estado.

“Nos sentimos rehenes”, afirma el intendente de Tartagal. Como él piensan y sienten políticos, empresarios o ciudadanos de a pie.

El Estado, inspirado en el ecologismo insustancial de Greenpeace, hace lo suyo. Un disparatado amparo de la Suprema Corte paralizó durante cuatro años la actividad rural al prohibir la tala y el desmonte en regiones estratégicas para el desarrollo rural, en una provincia que tiene una ley de desarrollo sustentable. La ley nacional de bosques, empeorada en Salta por un desafortunado ordenamiento territorial, se sumó al desmadre. Encima, el recurso hidrocarburífero quedó esterilizado por desacertadas políticas energéticas.

En pocas palabras: el piqueterismo es el fruto del deterioro institucional y el relegamiento económico de una de las zonas potencialmente más ricas del país, donde con buenas políticas de Estado no habría desocupación, pobreza ni marginalidad, y la representación ciudadana funcionaría a través de las autoridades y los gremios.

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