Ramón Ferrari tiene 72 años y desde hace 11 años asegura padecer secuelas neurológicas, gastrointestinales y respiratorias, además de una enfermedad crónica de la piel a causa de una fumigación realizada en 2001 en la finca Ñacatimbay, en Aguaray. Por cuestiones económicas hoy no puede recibir el tratamiento que necesita.
Ferrari y 15 productores de las zonas aledañas a la finca perdieron también su producción y su ganado, daños que también adjudican a la fumigación en el aérea. Hasta el momento, señalan los familiares de Ramón, no hay ningún responsable.
“No pedimos un resarcimiento económico, solo lo necesario para que mi abuelo pueda recibir la atención adecuada”, señaló Mariné Rivadeo Torres, su nieta. Es que el hombre no cuenta con los recursos económicos para hacerse cargo del tratamiento correspondiente. “En Salta le diagnosticaron intoxicación por glifosato debido a la fumigación. Por las secuelas debió abandonar todo”, contó Mariné.
La situación le provocó al abuelo una profunda depresión. “Compró ese terreno con los ahorros de su vida y perdió todo. Las tierras quedaron inutilizadas. Lo que se cultiva se seca”, dijo la joven.
Una junta médica compuesta por toxicólogos e infectólogos trata al hombre, quien debe tener cuidados de por vida y viajar a Salta regularmente para su atención.
Sin respuestas
En 2003 Ramón inició acciones civiles, mediante el expediente 13.390, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en Tartagal. En 2009 presentó una demanda penal en la Fiscalía 2. “No tuvimos respuestas. Nos dicen que el tema ambiental es nuevo y que no hay jurisprudencia. Solo queremos que mi abuelo pueda recibir el tratamiento adecuado”, destacó y agregó que las fumigaciones en la zona continúan.
Según un informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud publicado en 2011, en Argentina se utilizan cada año 300 millones de litros de agroquímicos y 12 millones de personas corren riego de sufrir problemas respiratorios, dermatitis crónicas, convulsiones y trastornos.
