Por la TV oímos y vemos dolorosos documentales sobre pobladores precolombinos de Salta, Formosa, Chaco, Jujuy y toda la Puna, que viven en una extrema pobreza, hecho que hemos comprobado personalmente en 1980 y 1990.
Los últimos censos registran que de 40 millones de habitantes, 500.000 son descendientes de pueblos originarios y sobreviven trabajando por míseros salarios ocasionales, como peones en los obrajes, hacheros abriendo picadas y caminos con explosivos, labrando piedras en las canteras o en sus viviendas tejiendo mantas, criando chivas, cazando o pescando en los ríos Bermejo y Pilcomayo.
También palean sal en la Puna enceguecedora, mal vestidos, calzados con ojotas y peor comidos. Sus familias suelen ser numerosas y sus niños abandonan la escuela para cuidar cabras y ovejas, cortar caña de azúcar, recolectar algodón y buscar leña para el hogar, mientras duermen en el suelo sobre cueros de llamas o de ovejas y están mal alimentados o desnutridos.
¿Qué hacen los gobiernos, los intendentes y diputados locales y nacionales para remediar tanta injusticia y tantas necesidades? ¿Qué hacen las poderosas empresas mineras que los explotan como mano de obra barata y los feudos ganaderos y sojeros que destruyen bosques centenarios y su fauna con la complicidad de los gobiernos y la Justicia local, sobre tierra de propiedad nacional por la ley del Congreso?
Pocos, solo instituciones caritativas, visitan y ayudan a esas comunidades. Los políticos solo se acercan para pedirles un voto. El Ministerio de Bienestar de la Nación hace lo que puede. Pero el problema no es solo del Gobierno de la Nación, que por empezar debiera brindarles un baño con ducha, un horno y energía solar para mejorar la vida de esos compatriotas.
También la sociedad, indiferente y sorda, debe comprometerse en ayudar a esos compatriotas originarios.
 

Enrique S. Inda, diputado (MC) Buenos Aires

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