“No hay que politizar el debate. Acá se trata de US$ 800 millones de por año que no iban a los trabajadores”, dijo De Mendiguren.

Con muchas dificultades, el Gobierno logró sancionar esta semana la controvertida reforma al régimen de ART en Diputados, con el solitario y extraño apoyo del PRO. La iniciativa surgida de la Unión Industrial Argentina levantó una fuerte polvareda en el ámbito del derecho y en los sectores sindicales. Es así que especialistas consultados por El Tribuno advirtieron un fuerte retroceso en su promulgación. La falta de mejoras en las condiciones de trabajo, la ausencia de esperados planteos en la prevención de los siniestros laborales y la eliminación de la doble vía en reclamos laborales fueron los ejes de los sectores críticos.

La derogación o al menos la reforma de esta ley ha sido esperada por un largo tiempo por sectores relacionados con el derecho y organizaciones sindicales.

Pero, lejos de plantear mejoras o avances en lo que refiere a los accidentes laborales, la reforma que fue pergeñada por la UIA y algunos sectores del oficialismo modificó algunos puntos que significan un fuerte retroceso para los trabajadores.

En primer lugar, el proyecto no contempla y no da respuestas al mejoramiento de las condiciones de trabajo, como tampoco enlo que se refiere a la prevención de los siniestros laborales.

En cuanto al primer planteo, no se cumple con los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, según el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.

En segunda instancia el acotado listado de enfermedades continúa cerrado, sin tener en cuenta patologías psiquiátricas, las extras sistemáticas y aquellas que son concausadas por el trabajo.

Es preciso tener en cuenta que buena parte de los juicios contra las empresas se debe a que las aseguradoras, por una u otra razón, no quieren cubrir el accidente sufrido.

Otra modificación que despertó fuertes críticas de diversos sectores fue la eliminación de la “doble vía”. Esto quiere decir que ante un accidente el trabajador debe optar entre aceptar la indemnización que ofrece la ART o ir a juicio. En el caso de que un trabajador opte por el juicio debe recurrir a la Justicia civil.

Por otra parte, en la Justicia laboral rige el principio de gratuidad. Por el contrario, para litigar en la Justicia civil se debe extender poder ante escribano público (con un costo superior a los $1.000), pagar tasa de justicia (3% de lo reclamado) o tramitar una eximición.

Actualización e inflación

Si bien el Gobierno nacional presentó como un verdadero avance la actualización de los montos a cobrar por los trabajadores en una hipotética indemnización, ese monto será cobrado por el trabajador siempre y cuando decida abandonar las vías judiciales.

Cabe destacar que en el antiguo mecanismo en que el empleado cobraba la indemnización y tenía la posibilidad de reclamar judicialmente un monto mayor era fuertemente resistido en el ámbito empresarial.

Asimismo, a la hora de cobrar esas actualizaciones, teniendo en cuenta la inflación, el monto a percibir puede ser un arma de doble filo para el indemnizado.

Así, la ley que fue sacada a las apuradas por el oficialismo puede traer varios dolores de cabeza en la Rosada.

 Las opiniones

 

El abogado y exlegislador, Marcelo Parrilli, manifestó a El Tribuno que “el propio sistema de ART significa un avance en contra del derecho de los trabajadores, porque el sistema no puede estar controlado y regulado por los propios interesados, que son los grupos económicos y los empresarios”.
Asimismo, haciendo un paralelismo, Parrilli afirmó que esta situación es comparable a cuando se privatizó la jubilación.
Por otra parte el legislador con mandato cumplido advirtió que si bien el proyecto plantea el aumento de los montos, no prevé que la inflación se lo “licúe” rápidamente.

  

En diálogo con El Tribuno, el constitucionalista Gregorio Badeni afirmó que la nueva ley de ART implica un retroceso. “Si el obrero o empleado que ha sufrido un accidente elige la vía de la reparación judicial no puede acudir a la vía judicial para obtener una indemnización”, manifestó el letrado.
En este sentido advirtió que son “pocos” los casos en que el monto fijado por la ley no se adecua a la realidad.
Por último, destacó que la gran ventaja que tiene este sistema es que “el trabajador se ahorra un 20 o un 30% que es lo que le cobra el abogado laboralista en estos casos”. 

 

 

 “No se podía modificar esa ley, era un engendro, habría que derogarla y hacer una nueva” advirtió Jorge Rizzo, el titular del Colegio Público de Abogados de Capital Federal a El Tribuno. El magistrado manifestó que desde la institución que preside consideran que esta ley “viene a agravar la situación”. Asimismo también destacó el retroceso que se da en términos jurídicos con el establecimiento de esta nueva ley. “Es regresiva y va a plantear un montón de planteos constitucionales. Esencialmente con el tema de las dobles vías”, dijo. Entre tantas críticas sostuvo que el proyecto no mejora las condiciones de trabajo.

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