Aunque los discursos y mensajes políticos tienden a minimizarlos, los avances del narcotráfico por la frontera norte del país son cada vez más contundentes y preocupantes. Crecen las causas penales, los secuestros y detenidos. También los vuelos clandestinos que vulneran el espacio aéreo y los crímenes mafiosos que arrecian a uno y otro lado de la línea.

Salvador Mazza es una de las poblaciones fronterizas que ven, azoradas, cómo gana terreno el crimen organizado detrás de las drogas, abarrotando las cárceles con hombres y mujeres convertidos en “mulas” y “camellos”, comprando conciencias dentro de las propias fuerzas de seguridad.

El pasado lunes, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sobrevoló todo ese frente fronterizo hasta las cercanías de Misión La Paz y Pozo Hondo, en la frontera de Paraguay, en medio de un hermetismo casi total.

Mucha gente se sorprendió en parajes de San Martín y Rivadavia con los estruendosos helicópteros con los que Berni, el flamante director general de Gendarmería, Enrique Zach, y los jefes de la regional y los destacamentos norteños de la fuerza recorrieron esos extensos bordes limítrofes de San Martín y Rivadavia con Bolivia y Paraguay.

¿Con qué motivos? Oficialmente nada se aclaró. Extraoficialmente, se supo que el paso rasante de Berni por esos suelos del norte salteño terminó sin ningún anuncio concreto en relación con la decisión que vecinos de Salvador Mazza y autoridades del Ministerio de Seguridad de Salta pidieron revisar. Esto es el repliegue de Gendarmería hacia Aguaray. Lejos de asumir la posibilidad de una marcha atrás, jefes de la fuerza justificaron la medida. Uno de los comandantes, por lo bajo, aseguró que la relocalización cuestionada por vecinos de Salvador Mazza es parte de una “nueva delimitación de áreas” con la que espera “optimizar las operaciones” de Gendarmería desde las dos bases del departamento San Martín. La de Tartagal, según se dijo, se ocuparía más de los flancos de Rivadavia, mientras que la de Aguaray haría lo propio desde la línea de la ruta nacional 34 hacia las zonas serranas del oeste.

En Orán

Ayer, en su segunda jornada en el norte salteño, Berni sobrevoló las áreas fronterizas de Aguas Blancas (Orán) con la localidad boliviana de Bermejo. En esta recorrida fue acompañado por el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Seguridad de la Provincia, Eduardo Sylvester. También aquí faltaron anuncios concretos y el funcionario nacional regresó a Buenos Aires llevando una serie de pedidos, entre los que se incluyen una cárcel o una alcaidía en la zona norte y mas recursos para el único Juzgado Federal de Orán que tiene en trámite 19.800 causas, con 15 empleados y un solo juez. La mitad de esos expedientes son penales y se relacionan fundamentalmente con el narcotráfico.

Quince asesinatos mafiosos
en ambos lados de la línea

En los últimos meses hubo 15 asesinatos de tintes mafiosos en la frontera de Salta con el sur de Bolivia. Diez de esos crímenes vinculados a ajustes de cuenta del narcotráfico ocurrieron en las localidades bolivianas de San José de Pocitos, Yacuiba y Bermejo. En esta última ciudad, dos de los ejecutados eran oriundos de San Ramón de la Nueva Orán y habían sido secuestrados, pocos días antes, en esa ciudad del norte salteño.

En Salvador Mazza, con la misma saña, fueron asesinados un comerciante de la carne, Gonzalo Guzmán, y su empleado, “Coqui” Figueroa. Ambos aparecieron ajusticiados en la finca del primero el pasado 11 de julio.

En otro caso reciente, dos argentinos y un boliviano fueron acribillados en Acambuco (Aguaray). El vehículo en el que transitaban quedó con más de 30 disparos y cada una de las víctimas tenía un balazo en la cabeza, entre otras heridas.

Estos crímenes con tinte mafioso, el tráfico ilegal de municiones, según los reclamos de los vecinos de los departamentos San Martín y Orán, se deben al retiro de la Gendarmería, que fue replegada desde Salvador Mazza el 11 de diciembre del 2011 por orden del Ministerio de Defensa.

El anuncio de Garré

En esa fecha, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, explicaba que solo se trasladaría la cúpula de la fuerza. Pero el 5 de enero, de 300 gendarmes solamente quedaron unos 60 en el lugar y un equipo de civil. Y el escuadrón 54 pasó a Aguaray.

Hoy, las instalaciones se ven abandonadas y comienzan a deteriorarse mientras los pobladores expresan su malestar por una decisión que consideran desacertada.

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