En comparación con las víctimas de la dictadura en el país el número puede verse minimizado, sin embargo que en democracia haya casi 200 desaparecidos es preocupante. Según un informe realizado por familiares de víctimas de la represión policial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, en el país hubo 3.600 asesinados y 197 desapariciones desde el restablecimiento de la democracia.
En el marco de los festejos por los 29 años de la democracia y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones sostuvieron que la “represión por causas políticas, el gatillo fácil y la corrupción” en las fuerzas de seguridad siguen siendo moneda corriente y continúan llevándose vidas”.
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Reclaman condenas
Los representantes de las organizaciones sociales se manifestaron esperanzados en que “sea condenado” el ex jefe de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, como principal responsable intelectual del crimen del militante del PO Mariano Ferreyra. Aseguraron que esto debe ocurrir así para que sirva como punto de inflexión para avanzar en las responsabilidades políticas de casos similares.
Asimismo, denunciaron que “continúa paralizada la causa en la que se investiga al exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch, acusado como autor intelectual del crimen del docente Carlos Fuentealba, concretado en 2007 en medio de un corte de ruta de educadores en huelga por el cabo José Darío Poblete, quien fue condenado a prisión perpetua.
A dos años de la represión de la Federal y la Metropolitana a quienes tomaban el porteño parque Indoamericano, se quejaron de que sigue sin avances la causa contra 44 policías por dos asesinatos, mientras que dos dirigentes sociales permanecen procesados por usurpación. También agregaron que no se concretó el plan de viviendas prometido por los gobiernos nacional y capitalino.
También expusieron el caso del gobernador de Formosa, el kirchnerista Gildo Insfrán, de estar concretando en esa provincia “casi una exterminación étnica”, y reiteraron el reclamo de Justicia por el desalojo de noviembre de 2010 en medio de un prolongado bloqueo de ruta, producto del cual murieron los indígenas Roberto López (qom) y Mario López (pilagá), además del agente Eber Falcón.
“Es una deuda fundamental en materia de derechos humanos el fin de los asesinatos de jóvenes por gatillo fácil en el país”, sostuvo Lucas Morello, del FPDS.
