El concejal capitalino Martín Poma, quien el pasado jueves protagonizó un accidente sobre la ruta nacional 9/34 en el que perdió la vida un hombre, quedó formalmente acusado de homicidio culposo en siniestro vial. Pese a su participación activa en el hecho donde se produjo una víctima fatal, el edil capitalino nunca fue detenido ni interrogado por un magistrado.
El caso tiene además una arista inesperada: en el vehículo de Poma la policía de la Provincia secuestró un arma 9 milímetros marca Bersa, con cargador y 15 cartuchos, sin ningún tipo de documentación que acredite propiedad.
La crónica policial señala que el jueves aproximadamente a las 7 de la tarde, a la altura del paraje La Calera -entre Río Piedras y Lumbreras-, el Peugeot 308 que manejaba el concejal Poma se cruzó de carril sobre la ruta nacional 9/34 y terminó impactando de frente a una Renault Kangoo, en el que viajaban un matrimonio y el padre de la mujer.
 

Murió el otro conductor

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Kangoo, identificado como Carlos Alberto Vera, de 41 años, quedó aprisionado en el interior del auto y falleció a causa de las gravísimas heridas recibidas en la cabeza. Su esposa, Pamela Cortez, y su suegro, Omar Cortez, sufrieron heridas leves y ya fueron dados de alta. Toda la familia era oriunda de la provincia de Buenos Aires.
Versiones extraoficiales señalaron la posibilidad de que Poma se encontrara en estado de ebriedad, pero las fuentes policiales consultadas por El Tribuno no pudieron confirmar esa información. Sin embargo, los peritos determinaron que el Peugeot de Poma en ningún momento intentó evitar la colisión con la Kangoo, que si trató de esquivar el impacto arrojarse a la banquina.
Lo que nadie entiende es que hacía el arma secuestrada en el vehículo del edil, por lo que se espera su declaración ante el juez de instrucción formal de Metán, Mario Dilasio, para saber cual era su objetivo.
 

Acusado de estafa y agresión

En setiembre del año pasado el concejal Poma había sido acusado por una mujer de estafa y amenazas. Según expresó la denunciante, el edil actuó como intermediario en la venta de un terreno en el loteo San Benjamín, propiedad del ingeniero Benjamín Méndez, conocido porque estuvo detenido algún tiempo por gravísimos delitos, económicos y de otra índole.
La mujer, al no poder acceder al terreno en cuestión y anoticiada de los antecedentes de Méndez, reclamó a Poma que le devuelva el dinero que había abonado en concepto de seña, a lo que un colaborador suyo, identificado como Marcelo Ramón, se negó mediante amenazas verbales y físicas con un cuchillo, que incluyeron heridas leves a la hija de la denunciante.
En su defensa, Poma admitió haber trabajado como abogado del ingeniero Méndez, pero aseguró que no había estafado a la mujer, y deslindó toda la responsabilidad en Marcelo Ramón. Incluso dijo que su único “error” había sido sugerirle a Méndez que Ramón trabajara como intermediario en la comercialización de los terrenos del loteo, ubicado a un costado del camino a San Agustín.
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