La Copa Confederaciones se despidió ayer de Brasil de la misma manera que comenzó hace dos semanas, con protestas, con algunos choques entre manifestantes y la Policía, y con los gases lacrimógenos llegando hasta las mismas tribunas del famoso estadio Maracaná de Río de Janeiro. A esto se sumó la notoria ausencia de la presidenta Dilma Rousseff, quien debía entregar el trofeo al ganador del certamen, pero prefirió no asistir.

El evento deportivo, en uno de los países más apasionados por el fútbol del mundo, fue la gota que colmó el vaso y puso en evidencia un profundo malestar social que se expresó en las calles con distintos reclamos y cuestionamientos al Gobierno.

Unas 20.000 personas confirmaron en las redes sociales que irían a las manifestaciones de ayer, pero en los hechos hubo unos 5.000 participantes en una primera protesta y unos 3.000 en la segunda, en la cual se desató la violencia, que dejó seis manifestantes y un policía heridos.

Las autoridades, que temían grandes movilizaciones, desplegaron en torno al estadio uno de los mayores operativos de seguridad que se han visto en Río de Janeiro. La ciudad fue ocupada por 10.600 policías y 7.400 militares, contingente que duplicó el número de agentes que cada día patrulla Río de Janeiro.

La primera de las marchas, respaldada por unas 5.000 personas, llegó hasta cerca de un kilómetro del estadio, donde fue contenida por un fuerte cordón policial, sin que se registraran incidentes. No ocurrió lo mismo con la segunda en la que algunos de los participantes comenzaron a desfilar encapuchados. En uno de sus varios intentos por llegar hasta las puertas del estadio, algunos lanzaron objetos contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos en tal cantidad que su efecto se sintió en las tribunas.

Ambas manifestaciones reiteraron las demandas de las anteriores, con protestas contra el gasto público en el torneo de la FIFA y peticiones de mejores servicios públicos y más inversiones en salud y educación, entre muchas otras reivindicaciones. Las protestas, pero con muchos menos asistentes también se realizaron en Salvador de Bahía y en San Pablo.

Dentro del estadio 1.300 guardias privados se ocuparon de mantener la seguridad en el recinto, en el que se congregaron más de 70.000 aficionados. Esa estricta seguridad interna y la intención de la FIFA de impedir toda manifestación dentro del estadio fueron burladas en la ceremonia de clausura cuando dos personas salieron de unas enormes pelotas que eran parte de la escenografía y extendieron una pancarta que exigía anular la privatización del Maracaná, mientras otro mostraba una bandera con leyendas contra la homofobia.

 Las protestas crean dudas sobre la reelección de Dilma

Las masivas protestas que estremecen a Brasil desde hace ya veinte días le han restado popularidad y votos a la presidenta Dilma Rousseff y tendido un grueso manto de dudas sobre su posible reelección el año próximo.

Una encuesta difundida por la firma Datafolha reveló que las manifestaciones que han movilizado a millones de brasileños han tenido un impacto directo y demoledor en la imagen del gobierno de Rousseff, que ahora sólo tiene el apoyo del 30% de la población.

Esa tasa supone una pérdida de 27% en relación al 57% de brasileños que respaldaban la gestión de la mandataria hasta el no tan lejano 8 de junio, justo antes de que las protestas pusieran al descubierto un profundo malestar social.

Datafolha también comprobó una gran caída en la intención de voto de Rousseff, que se sitúa ahora en un pico de 30%, frente al 51% que se le atribuía hace solo un mes.

Quien más se ha beneficiado del derrumbe de la imagen de Rousseff ha sido la ecologista Marina Silva, cuya intención de voto subió del 16 al 23%. El sondeo también dice que si Lula fuera candidato obtendría un 46% de los votos y debería disputar una segunda vuelta con Marina Silva. Sin embargo, Lula ha dicho que no se postulará.

Además, las manifestaciones han irrumpido en momentos en que la economía brasileña ha comenzado a dar resultados decepcionantes.

Las previsiones de crecimiento para este año han sido reducidas por analistas del mercado, que en su última revisión las situaron en el 2,46%, frente al 3,50% que aún baraja el Gobierno. A ello se suma una inflación que ha acumulado 2,88% en los primeros cinco meses del año y afecta sobre todo a los alimentos. En el corto plazo, los analistas temen que la inflación y las tasas de interés en alza acaben por afectar el consumo interno, uno de los motores de la economía y la gran baza electoral de Lula, el PT y la propia Rousseff. 
 

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