En una polémica decisión el juez Raúl Reynoso, titular del juzgado federal de Orán, dispuso la libertad de 29 personas acusadas por tráfico de drogas. Según trascendió la medida obedece a que las cárceles y dependencias federales son pocas y se encuentran colapsadas.
El pasado viernes 2 de agosto, el magistrado hizo lugar a la acción de hábeas corpus presentada por la defensoría oficial, y en consecuencia ordenó la inmediata libertad de 29 detenidos por drogas, alojados en forma provisoria en las comisarías 41, 42, 43, 45 y cuerpo policial femenino de la UR Nº4 con sede en la ciudad de Tartagal.
Trascendió que este hecho cayó muy mal y se considera que atenta contra la lucha contra las drogas, hecho que tanto preocupa. Desde diciembre de 2007, la provincia hace un gran esfuerzo y como resultado es que se han incrementado notablemente los procedimientos anti droga.
En el medio, queda la enorme cantidad de actuaciones y procesos administrativos que en procura de no violar las garantías constitucionales, dificultan la detención de los delincuentes, y tras su liberación, de nada sirvieron.
Ante esta realidad, suena inadmisible lo resuelto por la Justicia Federal a causa de la falta de espacio para alojar a los detenidos por narcotráfico, más aún con la difícil situación que atraviesa la zona norte de la provincia por su proximidad con la ?frontera caliente?.
Cabe destacar que la provincia de Salta presta colaboración con estos detenidos de manera transitoria.
Ante la falta de espacio físico, numerosos detenidos por tráfico y microtráfico de drogas, son alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial. 

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