México está en vísperas de un gran acontecimiento histórico. El presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el mando en diciembre pasado, en lo que representó el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se apresta a presentar una audaz propuesta para permitir que las compañías petroleras privadas puedan participar en la explotación de los yacimientos mexicanos por primera vez desde la nacionalización del sector petrolero, dispuesta en 1938 por otro mandatario del PRI, el general Lázaro Cárdenas.

Esta ambiciosa iniciativa podría atraer miles de millones de dólares de inversión y reforzaría la imagen de México como una de las economías emergentes más vigorosas, decidida a disputar con Brasil la condición de primera potencia económica de América Latina.

Peña Nieto se juega entero en este proyecto. De aprobarse la iniciativa, se fortalecerá la imagen y el poder del primer mandatario en su intento de transformar al país en todos los frentes, a través de importantes reformas estructurales en los sistemas educativo, judicial y fiscal, cuyo pésimo funcionamiento constituye un notorio lastre para la competitividad de la economía azteca.

La reforma energética busca presentar a México como un prometedor destino para los grandes inversores internacionales, cuando otros mercados emergentes, en particular Brasil, parecerían perder parte de su atractivo. La intención oficial es revertir la caída de la producción petrolera y reposicionar al país entre las grandes potencias exportadoras de combustibles.

La hora del cambio

La iniciativa busca que las compañías particulares participen en la exploración y explotación de petróleo submarítimo, dejándoles en contrapartida producir gas y petróleo mediante acuerdos de ganancias compartidas con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Los actuales contratos de servicios sólo atrajeron a un puñado de grandes firmas proveedoras, que trabajan con Pemex pero no pueden explotar por su cuenta.

El sector petrolero estuvo fuera del alcance de las grandes compañías desde que Cárdenas se convirtió en el primer presidente de un gran país productor de petróleo que nacionalizó los activos de las empresas extranjeras e instauró un modelo que más adelante fue imitado por mandatarios nacionalistas de otros países ricos en recursos energéticos, en especial en el mundo árabe, y en un ícono revolucionario para el PRI.

En vez de renegar de aquella herencia de Cárdenas, Peña Nieto afirma que el legendario líder hoy estaría de acuerdo con los cambios propuestos. De allí que el gobierno defienda, por lo menos retóricamente, la propiedad pública de los hidrocarburos y el carácter estatal de Pemex, así como rinde homenaje a la estatización de 1938, concebida como una decisión correcta en aquella época, aunque aclarando que Cárdenas jamás se opuso a la participación del sector privado en las tareas de exploración petrolífera.

Esta iniciativa gubernamental se asemeja a las leyes vigentes en México hasta 1940, cuando se produjo una reforma constitucional para prohibir las concesiones a compañías privadas, aunque después se fueran sancionando leyes que permitían la participación de empresas particulares en la exploración o producción de petróleo a través de contratos con Pemex.

Sin embargo, en la década del 60 los gobiernos del PRI profundizaron la tendencia estatista en el sector energético, mediante la nacionalización de todas las compañías eléctricas y la prohibición de todos los contratos de riesgo compartido.

Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, señaló que “llegó el momento de romper con viejos nacionalismos, tabús anticuados que ni el presidente Cárdenas, a quien todos admiramos, defendió”. Agregó que “sin perder la propiedad de los hidrocarburos, debemos buscar la manera de encontrar buenos socios y compartir las utilidades con ellos”.

Como los ingresos petroleros financian más de un tercio del presupuesto nacional, las décadas de menor inversión provocaron un descenso de la producción y correlativamente de los ingresos fiscales. En 2004, el país llegó a su pico en la producción de petróleo crudo, con 3,4 millones de barriles diarios, pero ahora esa producción está en los 2,4 millones de barriles. México cuenta con las cuartas reservas mundiales de gas de esquito, pero importa gas de Estados Unidos, con el consiguiente incremento del costo energético para la industria.

México fue uno de los primeros países en declarar el monopolio estatal del petróleo, pero es uno de los últimos en ponerle fin. El país tiene hoy las leyes internacionalmente más restrictivas en la materia, salvo Kuwait y Corea del Norte.

Acuerdo estratégico

La propuesta gubernamental incluye la modificación de los artículos 25,27 y 28 de la constitución azteca, que representan el núcleo legal del nacionalismo petrolero. En este punto, la posición del gobierno coincide con la del Partido de Acción Nacional (PAN), principal partido de la oposición, que presentó un proyecto que guarda sugestivos puntos de coincidencia con la posición oficial. Sumados, el PRI y el PAN reúnen más de los dos tercios que se requiere en las dos cámaras del Congreso para aprobar cambios constitucionales, que tienen que ser refrendados, además, por la mayoría de los estados. Este acuerdo bipartidario permitiría sortear la firme oposición del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que exige la convocatoria a una consulta popular.

El dos veces candidato presidencial del PRD, Andrés López Obrador, que en el 2006 salió segundo ante el “panista” Felipe Calderón y el año pasado ante Peña Nieto y ambas veces denunció fraude, convoca ahora a una movilización popular contra la “entrega del petróleo”.

Esta discusión de fondo consolida la redefinición del sistema político mexicano, transformado en un régimen tripartidista, pero con la singularidad de dos de las tres grandes fuerzas (el PRI y el PAN) actúan concertadamente, mientras que el PRD funciona como “outsider”.

Los entendimientos secretos entre las cúpulas del PRI y del PAN no constituyen una novedad. En el 2000, el presidente Ernesto Zedillo maniobró para que ganase el candidato del PAN, Vicente Fox, para evitar el triunfo del candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Cárdenas. En 2012, Fox le devolvió la gentileza al apoyar a Peña Nieto contra López Obrador.

El hecho nuevo es que esos pactos subterráneos adquieren ahora carácter de acuerdo estratégico, que fortalece la gobernabilidad y aumenta la previsibilidad internacional de México, que encabeza hoy la ascendente Alianza del Pacífico, integrada también por Colombia, Perú y Chile.

Todo esto explica por qué el Reporte Mundial de Comercio 2013, publicado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), haya incorporado a México como el único país latinoamericano en la lista los “próximos once”, una nómina de las economías emergentes con mayor potencialidad de desarrollo, que integran también Corea del Sur, Turquía, Irán, Pakistán, Vietnam, Nigeria, Egipto, Filipinas, Indonesia y Bangladesh.

 

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