Los diputados pidieron que sea la Corte misma la que reglamente un conjunto de pautas que fijaron como condición para que se aplique la ley, tales como el respeto por la libertad de expresión y de prensa, y que sea un órgano técnico e independiente del Gobierno quien la aplique.

La Corte fue la misma que fijó esas pautas a la par que decretó la constitucionalidad de la ley luego de rechazar planteos del Grupo Clarín que provocaron la suspensión de la norma sancionada hace cuatro años en el Congreso.

La presentación fue firmada por los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Laura Alonso, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca, Gladys González y Roberto Pradines.

“Venimos a solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados” por la Corte sobre la aplicación de la ley.

Los diputados, tomando las pautas que fijó la Corte, piden que la autoridad de aplicación de la ley sea “un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión”; se verifique que el Estado sea “garante de la libertad de expresión”, y que haya una justa distribución de la “pauta oficial o de cualquier otro beneficio”.

“¿Hace falta demostrar o es "de público conocimiento' que los medios públicos, la publicidad oficial, hacen mofa sistemática de todos los que no son oficialistas y no le dan ni espacios ni programas ni nada a nadie que no sea oficialista? o ¿hace falta demostrar que han despedido a periodistas por hacer preguntas a un dirigente oficialista sobre el uso político de una tragedia nacional como la inundación de La Plata?”, cuestionaron los diputados.

En ese sentido, aseguraron que la Corte “no puede desconocer la afectación de los derechos de los trabajadores de prensa”, y que en 2012 se registraron 172 ataques a periodistas. Los diputados reclamaron que sea la Corte la que “debe hacer ejecutar sus decisiones con los alcances con los que fueron dictadas”.

“Sin cuestionar las decisiones de esa Corte sobre constitucionalidad de las leyes, si actuamos como se solicita consideramos que ambos habremos cumplido con nuestro deber institucional, garantizando a los argentinos que podrán vivir en un estado democrático, sin gobernantes ni particulares que abusen de su poder y sin gobernantes que usen los fondos públicos, los fondos de todos, para llevar agua para su corriente partidista, limitando en forma equivalente la posibilidad de expresión de otros representantes del pueblo”, concluyeron.

La parte invisible del fallo

POR HUGO KRASNOBRODA, HKRASNO@ELTRIBUNO.COM.AR

El fallo de la Corte, extensísimo desde lo jurídico pero muy claro desde lo conceptual, despeja cualquier duda sobre dos cuestiones centrales: la primera es que la ley de medios está en plena vigencia y debe comenzar a aplicarse ya mismo, y la segunda es que la Afsca debe ser un órgano independiente de cualquier poder político para evitar suspicacias.

La imparcialidad de la Afsca es un requisito que parece no haber existido para el Gobierno, ya que Martín Sabbatella -líder de uno de los partidos que componen el Frente para la Victoria- continúa manejándose de la misma manera que lo venía haciendo hasta el martes. Incluso, no se escuchó ninguna voz oficialista ni siquiera sugerir que podría haber cambios en la autoridad de aplicación que la separen al menos un poco de los intereses de la Casa Rosada.

Llama la atención que el kirchnerismo, una vez que está en condiciones de aplicar la ley que más deseaba, no allane el camino ante eventuales complicaciones judiciales que puede evitar actuando racionalmente. ¿Tan grave sería tener un dirigente técnico no referenciado con ningún partido que le dé plena legitimidad a la norma? La lógica marca que no.

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