En la provincia, 18 de las 25 localidades que cuentan con servicio cloacal tienen sus plantas de tratamiento desbordadas, por lo que sus aguas residuales contaminan en distinto grado los ríos receptores.

Las otras siete jurisdicciones concesionadas a Aguas del Norte (Cosaysa) disponen de redes colectoras pero carecen de sistemas depuradores, de modo que sus efluentes son arrojados totalmente crudos en los cursos. En esta franja se cuentan Pichanal (con alto impacto en el río San Francisco), Hipólito Yrigoyen (río Colorado); Campamento Vespucio (Quebrada de Galarza); San Antonio de los Cobres (río San Antonio); Campo Santo (río Mojotoro); la zona sur de Tartagal (en el río del mismo nombre) y Apolinario Saravia, cuyas lagunas de estabilización quedaron a mayor altura que la red. Los líquidos van al río Colorado.

El caso de Apolinario Saravia fue abordado ayer en las páginas de El Tribuno, junto a los críticos cuadros que presentan las plantas depuradoras de la ciudad de Salta, General Gemes y Joaquín V. González, lo que derivó en demandas judiciales que enfrenta la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa) por la contaminación de ríos, embalses y acuíferos.

A la situación de estos cuatro distritos, se suma la de otras 13 localidades del interior salteño, cuyo vuelcos contaminantes están registrados en fotografías aportadas a las acciones de amparo. Con estas presentaciones se reclaman urgentes medidas para detener la degradación de los ríos y la suspensión de las facturaciones que realiza Aguas del Norte por un servicio que no se presta -al menos en forma aceptable-con los efluentes cloacales. Este rubro equivale al 50% de la boleta que pagan los usuarios con agua y cloacas. Son unos $7,5 millones por mes que la prestadora debería abstenerse de cobrar, según estiman los actores de las demandas, Carlos Quevedo y Luis Caro. Una de las acciones interpuestas con el patrocinio del abogado Humberto Vázquez incluye serias imputaciones a funcionarios de Cosaysa, el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la Auditoría General y otros organismos.

“La negligencia del Gobierno provincial y sus empresas pone en riesgo la salud pública”, sostuvo ayer el ingeniero ambiental Luis Caro, quien advirtió que “se estafa gravemente a los usuarios y se deteriora el ambiente y la calidad de las aguas”. El profesional confió en una rápida resolución de las causas que se tramitan ante los juzgados Civil y Comercial de Tercera Nominación y Federal N§ 1 de Salta. “Vamos a llegar con las demandas hasta la Corte Suprema si es necesario”, afirmó Caro.

A su vez, Quevedo denunció que “detrás de Cosaysa existe una asociación ilícita”. El usuario, que a la par del amparo presentó acciones penales, manifestó que “estamos ante una estafa reiterada a los usuarios, además de incumplimientos de deberes de funcionario, administración fraudulenta y malversación de fondos”.

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