En vísperas del campeonato mundial de Brasil, la opinión pública española se ve envuelta en una curiosa polémica deportiva sobre lo que podría suceder con el fútbol hispano frente a la hipótesis de la independencia de Cataluña, ya que la ausencia del Barcelona generaría un vacío imposible de llenar.

La repercusión de la discusión revela hasta qué punto el debate sobre la secesión catalana gana espacio a medida en que se acerca la fecha del 9 de noviembre, fijada por el gobierno de la Generalitat, presidido por Artur Mas, para la realización del referéndum independentista.

La bandera independentista flamea ya en lugar de la española en decenas de municipios del interior de Cataluña. Jordi Fábrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, un pueblito de 2.400 habitantes, advierte: “El choque de trenes va a venir. Tenemos que prepararnos para aguantar dos o tres años de conflicto. Permanente. La independencia es inevitable”.

El conflicto de poderes está declarado. El Congreso español rechazó la solicitud catalana de que se autorizara la consulta popular. Pero Mas, líder de la coalición Convergencia y Unión y sus aliados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), respondieron con una ley local para darle un marco jurídico al referéndum.

Simultáneamente, a través del flamante Consejo Asesor para la Transición Nacional, las autoridades locales impulsan la discusión de una propuesta de “constitución catalana”. La primera novedad significativa de ese proyecto es la abolición de la monarquía. El futuro estado catalán sería una república.

La estrategia de Mas es generar la sensación de un aluvión separatista, que permitiría presentar la cuestión como un hecho consumado. Se multiplican los pequeños actos de desobediencia civil al estado español. La coordinación de esa movilización está a cargo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización no gubernamental con más de 30.000 activistas.

Carme Forcadel, la combativa titular de la ANC, proclama que “el momento de la ruptura ya llegó”. La organización prepara una concentración multitudinaria para conmemorar un aniversario de hondo sentido simbólico: el 11 de septiembre, fecha en que se cumplen 300 años de la derrota catalana en la Guerra de Sucesión española, circunstancia que el nacionalismo catalán identifica con la pérdida de su autogobierno y la represión a su identidad nacional.

Para entonces, la ANC pretende congregar más de un millón de personas a lo largo de dos de las avenidas principales de Barcelona para formar una gran “V” humana, como símbolo de la victoria. Este mitin sería el comienzo de la fase final de la campaña por el “sí” en la consulta del 9 de noviembre.

Rumbo de colisión

Hay una tendencia hacia la radicalización de posiciones. Alberto Ponto, un empresario que es vicepresidente del Círculo Catalán de Negocios, que expresa la corriente jacobina del separatismo, subraya que: “La reacción española será cada vez más violenta y crecerá en función de la acción de Cataluña”. Ponto preconiza la declaración unilateral de la independencia.

Las encuestas indican un claro avance del sentimiento independentista pero todavía no aseguran un ganador en la consulta. En réplica a la ANC, irrumpió en escena la Sociedad Civil Catalana. En su acto de lanzamiento público, el historiador Joaquim Coll afirmó que la independencia es “un plan para tirarse por la ventana”. Recalcó que “la secesión no nos conviene económicamente, no está justificada políticamente y nos divide socialmente”.

Este avance del secesionismo preocupa por igual a los dos grandes partidos nacionales españoles, el gobernante Partido Popular (PP), liderado por Mariano Rajoy, y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pere Navarro, jefe del PSOE catalán, defiende la iniciativa del referéndum pero a condición de un previo acuerdo con Madrid para reformular el vínculo de Cataluña con España.

Para los socialistas, las actitudes intransigentes, tanto de Mas como de Rajoy, llevan a un gravísimo enfrentamiento. Navarro reconoce que “el mensaje populista que convierte a España en la culpable de todos los males caló muy fuerte en las clases medias. Muchos creen que es “ahora o nunca”. Hay que negociar ya”.

El avance del secesionismo catalán es favorecido por la crisis económica. “Antes éramos independentistas por conciencia de nación, ahora lo somos por sentido común”, dice Fábrega. Los catalanes están convencidos de que aportan en impuestos al Estado español más que lo que reciben en contrapartida como beneficios.

Cataluña es la región más rica de España. En 2013, aportó el 18,8% del producto bruto nacional, alrededor de 200.000 millones de euros. La segunda en orden de importancia es Madrid, con el 17,9% del PBI. Más de un cuarto de las exportaciones españolas son catalanas. Cataluña es también el centro de la industria automotriz española. El ingreso anual por habitante catalán es de U$S 36.850, un 20% más elevado que el promedio español.

Todo esto hace que las grandes empresas multinacionales catalanas estén entre las más importantes de España, mientras que la propia ciudad de Barcelona, cuyo puerto está ubicado en una posición privilegiada, logró instalarse como una marca internacionalmente reconocida en el mundo de los negocios y del turismo.

Sin Cataluña, España profundizaría su crisis económica, al tiempo que se abriría una incógnita sobre la repercusión que un hecho semejante podría tener en el país vasco. En las elecciones del Parlamento europeo previstas para el 25 de mayo, las agrupaciones nacionalistas de distintas regiones de España presentan una lista conjunta, denominada “Coalición por Europa”.

La cuestión europea

Pero la cuestión catalana excede a España e involucra de lleno a la Unión Europea, muy sensibilizada por lo que pueda suceder con el referéndum independentista que tendrá lugar el 18 de septiembre en Escocia. La preocupación es el efecto contagio: en Italia, Luca Zaia, presidente de la región de Venecia, acaba de declarar que “si Barcelona obtiene su independencia, Venecia también puede”.

La crisis de Crimea potenció el debate global sobre el derecho a la autodeterminación. La Unión Europea salió en defensa de Ucrania no sólo para favorecer a un posible aliado y socio comercial sino por una cuestión de precedentes: la aceptación de la declaración unilateral de la independencia otorgaría mayores argumentos a los movimientos secesionistas que pululan en el viejo continente y amenazan el ordenamiento regional.

La controversia no es jurídica sino política. A modo de réplica, Rusia no deja de endilgarles a sus críticos europeos el apoyo brindado a la independencia de Kosovo, separada de Serbia luego de la intervención militar de la OTAN. Nadie es inocente: Moscú propició la secesión de las pequeñas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, escindidas de Georgia.

Herman Von Rompuy, presidente de la Unión Europea, ya advirtió que una Cataluña independiente quedaría legalmente afuera de la estructura regional y de la zona del euro. Directivos de las empresas alemanas radicadas en Barcelona emitieron una declaración en la que advierten sobre los peligros que la alternativa independentista supone para la economía local. Preventivamente, la Caixa, el principal banco catalán y tercero de España, reformó sus estatutos para, en caso de conflicto, poder acogerse a la legislación hispana.

El Gobierno español bate el parche sobre los efectos de una eventual “deslocalización” de industrias radicadas en Cataluña, a fin de presionar al nacionalismo catalán a buscar una solución de compromiso.

 

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