El fallo de la Justicia en el caso de las turistas francesas, que dictó esta semana una condena de 30 años de cárcel para uno solo de los acusados, tuvo el efecto tan temido por el Gobierno provincial.

El daño colateral de esta sentencia afectó directamente a las estructuras políticas del oficialismo y repuso en el pensamiento de la sociedad los hechos derivados del doble crimen, no solo desde el punto de vista de la actuación de la Justicia, sino también del papel que cumplió el Gobierno a lo largo de todo el proceso.

Es allí donde reside el alto costo político que el gobierno de Juan Manuel Urtubey deberá pagar. Más allá de la sentencia y de las dudas que hoy aparecen en relación con la etapa de instrucción, la gente no olvida que hubo inocultables intenciones del Ejecutivo de dar por concluido el caso cuanto antes.
 Así lo admitió el propio exsecretario de Seguridad, Aldo Saravia, cuando expresó que “había premura” por cerrar el caso.

 El extitular de Medio Ambiente Francisco López Sastre lo deslizó también en su declaración cuando aseguró que “de arriba” habían ordenado despedir a uno de los acusados del crimen que se desempeñaba en esa cartera.

La prematura y vergonzosa condecoración que el Gobierno otorgó a los policías que investigaron el caso a pocas semanas de ocurrido el crimen es otro elemento inobjetable para suponer que había mucho apuro por cerrar el tema lo más rápido posible.

 Todos estos datos, por supuesto sazonados con el aparato de difusión oficialista, provocaron una sensación inicial de que el crimen había sido resuelto de manera asombrosa. La mentira llegó a Francia incluso a través de la propia presidenta Cristina Kirchner, quien antes de viajar a ese país mantuvo un diálogo con el gobernador Urtubey sobre el caso.

Indudablemente, el fallo de la Sala II provocó una hecatombe en el plano político; esta fue una de las peores semanas que recuerde el oficialismo, abrumado por la realidad que una vez más supera el plano de ficción y difusión del Gobierno.

En este escenario entonces no resulta extraño que aparezca el alfil político -tal vez el único que le queda- del gobernador Urtubey: Santiago Godoy. Con ese juego que a veces le sale bien, “El Indio” intentó llevar distracción sobre la responsabilidad política en el escándalo de las francesas.

Es por eso que, por más que resulte humillante para el sentido común de la gente, no fue extraño escuchar al presidente de la Cámara de Diputados calificar de “vago” al juez de Instrucción, Martín Pérez, por el resultado que arrojó la etapa instructoria del juicio. Por supuesto que Godoy obvió referirse a la tarea del fiscal Eduardo Barrionuevo, la del entonces ministro de Gobierno Pablo Kosiner y a toda la cadena de mando del área de seguridad que ejecutó y permitió apremios ilegales, plantación de pruebas y amenazas.

Pero, por más que muchos no quieran entenderlo, una cosa es el funcionamiento de la Justicia y otra es el funcionamiento de la política. En este gobierno provincial hay asombrosos paralelismo que demuestran por lo menos imprudencia y falta de tacto en cuestiones que hacen a la división de esyos dos poderes. Y si no, solo hace falta recordar otro caso en el que también existió premura política: la muerte de Luján Peñalva y Yanina Nuesch. Los cuerpos aparecieron en un descampado al sur de la ciudad a mediados de julio de 2012, casi un año después del crimen de las francesas.

Pocos minutos después del hallazgo, Urtubey junto a Sylvester y Godoy, en conferencia de prensa, hablaron de un supuesto pacto suicida, algo que hasta el día de hoy la familia de una de las jóvenes descarta de plano.

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