Las contrataciones irregulares que salieron a luz en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) no fueron el resultado aislado de malos desempeños de funcionarios de ese organismo, sino el producto de una cadena de responsabilidades que salpica al secretario de Obras Públicas, Sergio Zorpudes, y al ministro de Economía, Carlos Parodi.

Tampoco fueron ajenos a los graves desmanejos la Sindicatura y la Audi-toría General de la Provincia, que no fueron capaces de ver nada, ni antes ni después de que la sociedad salteña se indignara con escandalosas entregas de viviendas sociales a funcionarios que tenían más de una propiedad.

Ocurrió con Lomas de Medeiros, Mirasoles y con otras urbanizaciones, donde se entregaron casas a dedo a través del denominado Instituto de la Vivienda de los Trabajadores (IVT) de la UOCRA nacional.

Al igual que los organismos de control, nada hizo el Ministerio Público de la Provincia para impulsar investigaciones judiciales que confirmen o desmientan las serias inconductas en que recayeron altos funcionarios.

La ministra de Justicia de Salta, Cintia Pamela Calleti, por citar un reciente caso, construyó lujosas residencias en countries con créditos del programa nacional Procrear, destinado a gru-pos que no tienen acceso a préstamos bancarios para edificar una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Ni el procurador general, Pablo Ló-pez Viñals, ni el fiscal de Delitos Económicos, Guillermo Akemeier, movieron un dedo hasta ahora por las insalvables contrataciones que motivaron la renuncia de Fernando Alesanco a la presidencia del IPV.

Solo el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, cumplió en este caso con el deber que le impone la Constitución de Salta, y promovió un pedido de informes sobre tres de las empresas a través de las cuáles funcionarios del IPV direccionaron la entrega de obras públicas a familiares y amigos. El requerimiento, concretamente, alude a las constructoras Fefermax, ICA y 4HS Servicios Empresariales.

En esta nota y en su edición digital, El Tribuno comparte con sus lectores algunas de las pruebas que confirman los vínculos de funcionarios del IPV con Fefermax (firma constituida por la madre de Alesanco y manejada por el padre); ICA SRL (constructora conformada por el hermano menor del gerente de Control de Obras del IPV, Fernando Zalazar Ruiz); y 4HS Servicios Empresariales (empresa que tiene como titular a Fátima Moya, esposa de Juan Simoliunas, jefe de inspecciones en el interior).

También se exponen en este informe certificaciones de las contrataciones directas en las que se pueden ver con toda claridad cómo ICA y 4HS fueron invitadas a un proceso selectivo en el cual el IPV le adjudicó obras de agua a la empresa de Fátima Moya, sin que tuviera en ese momento un solo empleado, local propio ni las inscripciones obligatorias en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la Dirección General de Rentas (para la tributación del impuesto a Cooperadoras Asistenciales) ni en las de-pendencias municipales competentes.

Las lapidarias constancias, por cierto, son de acceso libre. Están disponibles en Google, en internet. Solo basta encadenar términos como “contra-tación directa IPV + 4HS” o “ICA + Gustavo Zalazar Ruiz + Boletín Oficial” o “Fefermax + Mirta Tóffoli + Boletín Oficial”, por mencionar algunas formas sencillas de búsqueda, para adelantarse a lo que diputados esperan acceder con un pedido de informes.

Los resultados que en segundos muestra la web diluyen las inconsistentes excusas del gobernador, quien justificó la continuidad de funcionarios indefendibles, como Zalazar Ruiz y Simoliunas. Como suele reaccionar, ayer el mandatario desacreditó la investigación de El Tribuno.

Zalazar Ruiz, quien sigue en un cargo clave en el IPV, desembarcó en la administración pública en agosto de 2010 de la mano de Parodi. El entonces ministro de Finanzas le dio un cargo en la Unidad Provincial de Pavimentación.

Las pruebas que se reunieron en informes que se empezaron a publicar el pasado lunes incluyen otras docu-mentaciones que no son de fácil acceso (cédulas parcelarias, memorándums, informes de obras) que esperan al interventor Matías Posadas en el desmadrado organismo. Sería bueno que apure los controles y auditorías que prometió para evitar otras irregularidades con expedientes que queman dentro del organismo. Muchos, y no sin razones, se preguntan en Salta si el exsecretario de la Función Pública y diputado con licencia del Frente Plural es el más indicado para pasar la escoba en el desprestigiado IPV.

Posadas y los afortunados con viviendas sociales

Matías Posadas se hace cargo del organismo, quizá, con menos transparencia del Gobierno. Adjudicaciones de viviendas a funcionarios, algunos de ellos con otras propiedades, y a sus
familiares desataron tormentas de críticas. Hasta Alesanco se dio el gusto de firmar la ubicación de una vivienda en Mirasoles para su hermano menor.


Posadas y sus colaboradores del Frente Plural también tuvieron la “suerte” de beneficiarse con programas estatales. El interventor del IPV, quien aseguró hace unas horas que “ningún funcionario está avergonzado por lo que pasó”,tiene una casa en una urbanización de la zona norte construida a través de instituciones intermedias, pero con financiamiento público. En ese barrio, cercano a la Universidad Católica, también reside su amigo Matías Assennato, actual jefe del Programa Accesibilidad a la Gestión de Gobierno. El año pasado el funcionario resultó ganador del sorteo Procrear en la línea refacción.

Con ese programa también construye en un country de zona sur otro íntimo del círculo de Posadas, el secretario de la Función Pública, Roberto Robino, quien recibió un crédito de 400.000. Y en Mirasoles, el IPV le dio las llaves de una casa a Marcela Rosa Perdiguero, coordinadora de la Escuela de la Administración Pública.

Urtubey defendió a funcionarios

Tras el escándalo que desencadenó la renuncia de Alesanco al IPV, el gobernador Juan Manuel Urtubey dijo ayer que eligió como interventor a Matías Posadas ya que tiene “el perfil de funcionario que estaba buscando”.

¿Dejará investigar las irregularidades (IPV)? Ante la pregunta Urtubey respondió: “Eso ni se
permite ni se deja permitir. Eso se tiene que hacer con total y absoluta claridad. No hay nada que esconder”. Y en cuanto a la permanencia de Zalazar Ruiz y Simoliunas en el IPV, dijo que solo
están implicados en notas de El Tribuno”. Sin embargo, contrataciones y otros documentos dejan
en evidencia a esos funcionarios.

El paso a paso

Fernando Alesanco, quien renunció el lunes a la presidencia del IPV,firmó convenios con intendentes para la ejecución varias obras.

Uno de los acuerdos lo selló a fines de 2012 con el jefe comunal de Angastaco, Eduardo Díaz, para la construcción de 10 viviendas en esa localidad.

Los trabajos fueron adjudicados a Fefermax, la empresa que la madre de Alesanco conformó en 2011. Sin embargo, esa constructora abandonó la obra, que terminó en manos de Imeca.



En 2010, Fernando Zalazar Ruiz llegó al Gobierno de la mano de Carlos Parodi. En diciembre 2011, el ingeniero asumió como gerente de Control de Obras del IPV. 

Un mes antes, su hermano menor Gustavo Zalazar Ruiz constituyó ICA con otros dos jóvenes. La empresa fue invitada a participar en acotados procesos selectivos con 4 HS Servicios Empresariales. 



 En la última imagen se puede ver las ofertas que hicieron para una obra de agua en Aguaray. 




A la empresa 4HS, de Fátima Moya, la esposa del jefe de inspectores del interior, Juan Simoliunas, le adjudicaron una obra de agua que estaría sobrevaluada en un 100%. 


En enero pasado, el Gobierno difundió, a través de un parte de prensa, que la inversión llegaba a $1,3 millones, una cifra alejada de los $650.000 (tope) que cotizaron otras empresas. 





 

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