En octubre de 2009 al menos 16 comunidades aborígenes de los departamentos San Martín y Rivadavia Banda Norte denunciaron a Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) y a otras  organizaciones ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Las graves acusaciones tuvieron una insólita respuesta del organismo nacional con sede en Salta, que otorgó un plazo de 10 días a los denunciantes, instalados en distintos y recónditos parajes del norte salteño, para que entreguen documentación imposible de juntar en tiempo y forma para estas comunidades.

La información fue provista por allegados a los denunciantes, luego de la investigación de El Tribuno, la cual demostró que Fundapaz se queda con más del 40% de los fondos aportados por la ley de bosques para comunidades aborígenes, y que controla el Ministerio de Ambiente de la Provincia, a cargo de Francisco López Sastre. El informe demostraba cómo ese porcentaje se destina a los honorarios de la organización sin fines de lucro. Por tal motivo, la semana pasada, el diputado provincial de Tartagal, Darío Valenzuela, presentó un pedido de informes en la Cámara baja. La denuncia, firmada por más de 20 representantes de distintas comunidades aborígenes, como La Corzuela, La Golondrina, La Chirola, San Ignacio, Salim 2 y 3, Misión Chaqueña y Algarrobito, entre otras, advertía que las asociaciones tratan de “ignorantes y borrachosque destruyen el medio ambiente” a los pobladores originarios.

Asimismo, reseñaban que “usan el miedo y la extorsión de la denuncia ante la Policía cuando sacamos leña”. Los firmantes, integrantes de las más altas jerarquías dentro de las comunidades, dicen ser víctimas de “la prédica constante en las misiones acerca de nuestra inutilidad y que deberíamos vivir en nuestras chozas cazando animales y recolectando frutos”.

Manifiestan estar “cansados del maltrato y la discriminación” y exigen “ser tratados normalmente como ciudadanos argentinos”. Otro párrafo asegura que las fundaciones “impiden el desarrollo individual y  colectivo”.

Pero esa grave afirmación no tuvo eco en el Inadi local, que omitió cualquier tipo de investigación.

Hubo discriminación del Inadi

Estas poblaciones, que habitan una de las zonas más desfavorables de la provincia y del país en cuanto a los índices de necesidades básicas insatisfechas, recurrieron al Inadi con un pedido desesperado: “Si se impide trabajar en el campo y que se desarrolle, lo único que habrán logrado es mantenernos como dependientes de Fundapaz... que nos tiene como rehenes, cuando toda nuestra gente repudia, porque sirven para impedir y discriminar”.

A pesar de las dificultades que significa juntar a tantos representantes de distintas y  distantes comunidades, en octubre de 2009 se consiguieron más de 20 firmas en Misión Salim, Embarcación, para validar el documento.

La última solicitud de los firmantes era que “sean comunicados a los organismos internacionales que prohíben la discriminación, a fin de que se conozca cómo actúan esas personas en la Argentina”.

La denuncia formal llegó a la delegación Salta del Inadi el 27 de octubre de 2009. El organismo que  combate la discriminación resolvió la cuestión de una manera insólita: discriminando a las comunidades aborígenes con plazos y documentación imposibles de entregar en tiempo y forma.En una notificación a los caciques de las comunidades, el Instituto advierte que,“bajo apercibimiento de archivar las actuaciones”, las 15 comunidades tendrán 10 días hábiles para presentar una serie de documentos.

La escueta respuesta a las más de 15 comunidades está firmada por la asesora legal del Inadi local, María Laura Vásquez. Allí, algunos de los denunciantes se dieron con la sorpresa de que sólo tenían 10 días para completar el formulario que se les remite, haciendo en el mismo una descripción de los supuestos hechos discriminatorios en los términos del artículo 1 de la ley 23592”. Los “supuestos hechos discriminatorios” fueron detallados, en un increíble esfuerzo, en una denuncia que firmaron altas jerarquías de más de una docena de misiones aborígenes, que afirmaban ser “rehenes” de las fundaciones.

Pero había algo más: “Luego enviarlo, acompañando toda la prueba de la que intente valerse, para dar probanza a sus dichos”, reclamaba el Inadi. También exigía copia de DNI y que sea todo por triplicado, siempre bajo apercibimiento de ser archivado, cosa que finalmente sucedió.

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