“Empezaron a tirar bosta y, para colmo, con injurias: mandaron a un periodista que se llama Robustiano Pinedo”.

“Es nieto directo de Robustiano Patrón Costas: el máximo asesino de indígenas de la historia del norte argentino”.

La entrevista radial duró 40 minutos y hubo sólo cuatro interrupciones del periodista. “Yo te puedo dar la postura de Fundapaz”, dijo un representante de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz por la radio.

“Estamos molestando a alguien... alguien importante. Nosotros sabemos lo que es El Tribuno. Es el diario del hermano de Romero, que representa a la Sociedad Rural; a la gran oligarquía de Salta y nos quieren pegar”, siguió el entrevistado identificado como Pablo Alvaro. Después, el representante de la organización “con valores cristianos”, como definió su director en Salta, Gabriel Seghezzo, se dedicó a calumniar a este periodista y a sus antepasados.

“Empezaron a tirar bosta y, para colmo, con injurias: mandaron a un periodista que se llama Robustiano Pinedo. Ustedes tienen que saber quién es. En realidad, el nombre completo de esta persona, del periodista que está dando vueltas, es Robustiano Pinedo Patrón Costas. No sé si les dice algo. Esto para que sepan quien es quien. Robustiano Pinedo, por un lado, es hijo del diputado del PRO, Federico Pinedo y, además, es nieto directo de don Robustiano Patrón Costas: el máximo asesino de indígenas de la historia del norte argentino, junto con los Arrieta del ingenio Ledesma. Ellos son los que nos persiguen y difaman”, dijo Alvaro en la Radio Pilcomayo 103.7 de Santa Victoria Este, el último martes 10 de agosto.

Estas palabras, además de ser un ataque a la prensa, demuestran una triste intolerancia y, al menos, una pobre visión de la historia. La novedad es que mi nombre es ahora una injuria digna de tipificarse en el código penal. Se me adjudica el inevitable delito de ser hijo de mi padre y, de lo que es peor, de ser bisnieto de mi bisabuelo. A estas graves acusaciones, difíciles de negar, se les sumaron otras, aún peores: parece que ser descendiente de un dirigente político del PRO es un crimen aberrante.

En realidad, mi nombre “completo” es un poco más extenso que el que menciona el representante de Fundapaz, aunque en mi documento solo figura Federico Robustiano Pinedo. Espero que eso no sea injurioso, lo digo sin intenciones de ofender a nadie. Es que hace tiempo que llevo esta vida delictiva: van a ser 32 años.

La primera vez que supe que era un delincuente fue en una clase de historia de mi colegio secundario. Años más tarde, cursando Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires, me recordó mi estado criminal innato un profesor que pretendía que redactara un trabajo práctico sobre mis parientes. Puse como única condición que también lo hicieran los otros 70 alumnos, pero mi propuesta no generó entusiasmo. Por último, ya en este diario, un ascendente empresario de la comunicación aseguraba que yo no existía, que era un invento, cosa que fue muy difícil de desmentir.

Dice un refrán que la primera generación lo crea, la segunda lo disfruta y la tercera lo destruye. Yo soy la cuarta, pero tengo gran admiración por todos los que me preceden en este acto, para algunos ofensivo, de existir. Como no tuve el gusto de conocer a mi bisabuelo cito las palabras de uno de sus principales oponentes políticos. Alfredo Palacios, reivindicado por el kirchnerista Daniel Filmus antes de perder la Capital con Mauricio Macri, se pronunció en el Senado de la Nación, el 22 de junio de 1937, sobre las acusaciones de “explotador” que pesaban sobre Patrón Costas: “En El Tabacal debí aplaudir la acción de un hombre. Aplauso que quiero reiterar, lealmente, desde mi banca al adversario político que realiza una gran obra de argentino, en medio de la selva, donde es frecuente la explotación del hombre por el hombre, en la forma más brutal”, dijo el primer diputado socialista de América.

Palacios hablaba del ingenio azucarero 100% argentino que en diez años llegó a ser uno de los más importantes del mundo. En 1920 pagaba 1.800 sueldos, cuando en Orán vivían 1.300 personas. En 1946 Tabacal pagaba 8.000 salarios en épocas de cosecha, lo que implicó que se construyeran viviendas para albergar a una población de 20.000 habitantes, el doble de personas que vivían en 2001 en Santa Victoria Este, según el censo oficial. Gracias a eso, miles de personas fueron por primera vez a una escuela, a un hospital o a uno de los 20 puestos de primeros auxilios. Tabacal es hoy el principal empleador de la provincia, después del Estado.

En diez años Patrón Costas demostró que se puede cambiar la realidad del norte. No pueden decir lo mismo quienes ofenden su memoria y sus obras que todavía perduran.

Ni un paso atrás

Más allá del torpe acto de discriminación contra mi persona, por parte del representante de Fundapaz, el insulto en tono bíblico intenta desviar una investigación periodística que demostró cómo la organización sin fines de lucro se quedaría con más del 40% de fondos asignados a comunidades aborígenes. Son cifras millonarias que administra para las poblaciones originarias del Lote 75, Wayayuk, Kayip y San Patricio. Los recursos nacionales que aporta la ley de bosques son distribuidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a cargo de Francisco Javier López Sastre.

Tras las publicaciones, Fundapaz difundió un comunicado de prensa con el que intentó demostrar que solo obtendrían el 20,86% de los fondos, en concepto de “administración, asistencia técnica y capacitación”.

La rendición de cuentas, que la fundación presentó ante el ministerio de López Sastre, se refiere a los proyectos aprobados en una primera etapa, de $222.232 gestionados en nombre de las cuatro comunidades. Pero es con los fondos que se enviarán para concretar la segunda etapa de los proyectos, y que serán aprobados dentro de unos meses, con los que Fundapaz obtendrá los mayores réditos. Será por la elaboración de un inventario forestal y plan de manejo sustentable. Son, justamente, los fondos de esa segunda etapa, mediante los cuales Fundapaz facturará la realización de los complejos estudios, tal como explicaron ellos mismos de puño y letra en unas cartulinas que dejaron en las comunidades.

Además, Fundapaz trabaja en la regularización de las tierras fiscales de los lotes 55 y 14, en Santa Victoria Este. Lo hace a través de la OFC, Organización de Familias Criollas que, junto a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que depende del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a cargo de Pablo Kosiner, proponen resolver el conflicto mediante un polémico éxodo, con el que intentarán reubicar a decenas de familias criollas, centenarias en la zona. Esta misma idea apoya la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, de estrechos vínculos con Asociana, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino. Lhaka Honhat reclama la tierra que habitan los criollos como propia. De concretarse esta propuesta, las familias criollas, que en muchos casos dieron el nombre a esos lugares, deberán dejar atrás hasta las tumbas de sus familiares, con la promesa de nuevas tierras con mejores servicios y oportunidades. Tal vez por esto, el último domingo, en las elecciones internas nacionales, según los datos oficiales, cerca de 200 personas cortaron su voto en Santa Victoria Este para sacarle el apoyo al candidato oficialista Pablo Kosiner, responsable político de la regularización territorial.

Los ataques a la prensa son tan antiguos como la imprenta. Desde estas páginas intentaremos seguir generando espacios para quienes generalmente no tienen voz en nuestra sociedad, como los 19 habitantes de la comunidad wichi Bella Vista, que comparten el agua con los animales de sus vecinos criollos.

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