Carta del lector

Enterado por una nota publicada en este matutino, me sorprendió conocer que la Cámara de Diputados de la Provincia está legislando respecto a los alquileres temporarios.

Estos conforman una cantidad de emprendimientos unipersonales que abriendo sus casas, departamentos y fincas al turismo nacional e internacional completan la oferta de alojamientos. Reciben, con singular esfuerzo a los viajeros que prefieren el contacto personal con su anfitrión, procurando no solo el alojamiento indispensable sino también buscando en el diálogo y la cálida recepción el espíritu de la salteñidad. Pero, curiosamente, este sector ha sido totalmente omitido por los legisladores. Suponemos necesario ilustrarse al respecto, conocer cuántos salteños aportan de esta manera al turismo, qué opinan los usuarios y, fundamentalmente, enterarse que en su mayoría se trata de personas que con su único capital aumentan sus ingresos cumpliendo con las obligaciones de seguridad, higiene, confort, y responsabilidad tributaria. Soy uno de ellos. Crisis 2001/2 mediante, perdí una empresa de 30 años dejando a 25 empleados sin trabajo y todo mi capital personal comprometido en una quiebra. A los 57 años quedé sin empresa y, peor, sin trabajo. Solo se salvó mi casa particular gracias a la prudencia de mi esposa por haber insistido, 20 años antes, en inscribirla como bien de familia. El emprendimiento, dos habitaciones que destinamos al alojamiento de turistas compartiendo nuestra casa, fue la ayuda en aquel momento y hoy el complemento de una jubilación mínima. Historias como esta pueden escucharse de labios de muchos colegas.
Señores diputados, han recibido del Senado la media sanción de una ley para la que no se consultó a quienes está dirigida. Eso no es correcto. Peor aún, hace suponer preferencias.

El diputado salteño Alfredo Olmedo presentó una ley de creación del registro nacional del ADN, con el fin de poder identificar a los violadores sexuales; tengo aprensión a estas leyes con cierto tufillo de países totalitarios.

El derecho a la identidad, el derecho a la intimidad, la elección sobre la preferencia sexual, la disposición sobre su propio cuerpo, la inviolabilidad del domicilio, son aquellos derechos humanos que más nítidamente la Constitución levanta un valladar frente a los avances del Estado. La reforma del Código Penal, con el agregado del art. 213 bis que autoriza la extracción compulsiva sobre las víctimas que se niegan al entregar muestras para el cotejo de ADN es un caso. Como sabemos, se trata de una ley con nombre y apellido: Noble Herrera, los hijos adoptivos de la directora de Clarín, con la finalidad de hacer caer un precedente de la Corte Suprema de Justicia. El diputado Leopoldo Moreau sostiene que es progresista la extracción forzada a las víctimas de muestras para ADN. La injerencia del Estado sobre la vida íntima de las personas es insoportable. Es retroceder al absolutismo del Siglo XVIII. En la jurisprudencia norteamericana hay señeros fallos que protegen el derecho a la privacidad. En nuestra Constitución tenemos una norma que no contiene la norteamericana: las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. La señora de Carlotto informó que el Banco de Datos Genéticos está en permanente construcción. Lo hizo tras comparar los ADN de familiares de desaparecidos con los de los hermanos Noble Herrera, con resultado negativo. Más específico resultó el exministro Aníbal Fernández: “Hasta que no encontremos los padres de los hermanos esto no concluye”. ¿Si hubiera sido una resolución del Tribunal de la Santa Inquisición para mantener la limpieza de sangre libre de moros y judíos? ¿O una ley de defensa de la raza aria aconsejada por el Dr. Alfred Rosenberg al canciller Adolfo Hitler o un lobby del Ku Klux Klan para poder ejercer el derecho de admisión?. Un banco de datos de construcción infinita, con el ADN de todos los argentinos; casi como la Biblioteca de Babel con la totalidad del conocimiento universal. Todo un manjar para la SIDE, para realizar su trabajo de vigilancia y contralor.