Todo levantó temperatura esta semana: el termómetro, los autos, la gente y las bombas de agua que se quemaron porque comenzaron a “chupar aire” desde los pozos someros o profundos. No hubo agua; no hay agua. Y si bien alguna llovizna providencial trajo algo de alivio, el problema persiste y al parecer seguirá por varios días, hasta la llegada de las precipitaciones más importantes.
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Todo levantó temperatura esta semana: el termómetro, los autos, la gente y las bombas de agua que se quemaron porque comenzaron a “chupar aire” desde los pozos someros o profundos. No hubo agua; no hay agua. Y si bien alguna llovizna providencial trajo algo de alivio, el problema persiste y al parecer seguirá por varios días, hasta la llegada de las precipitaciones más importantes.
Ante este panorama de altas temperaturas y consecuente reclamo, la escasez de agua fue el caballito de batalla donde se montaron algunos funcionarios para justificar sus propias negligencias.
Por supuesto no estuvieron ausentes las palabras del gobernador Juan Manuel Urtubey quien, una vez más, culpó a la gestión anterior -de hace cuatro años- por todos los males que ocurren en Salta. Dijo, entre otras cosas, que todo es culpa de la desinversión de la empresa privada que tuvo a su cargo el servicio en la provincia, en referencia a Aguas de Salta. Luego, y casi como un acto reflejo, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Armando Isasmendi, culpó al ex gobernador Juan Carlos Romero por tener una captación de agua en el río Castellanos.
Acto seguido, desde Aguas del Norte, actual prestataria del servicio reestatizado, adelantaron que tomarán un crédito por 300 millones de pesos para la compra de medidores. La respuesta de la gente tampoco se hizo esperar: “Antes que medidores, nosotros queremos agua” dijeron los vecinos entre irónicos y desesperados.
Cabe un alto en el relato para destacar que, en todo este proceso, el presidente del directorio de Aguas del Norte, Esteban Isamendi, estuvo ausente.
Muchos se preguntan cual será la sanción a la actual prestataria si las cosas siguen por este camino. La respuesta es fácil: ninguna.
Al ser una empresa estatal, el Estado no podrá autoimponerse una multa y tampoco una sanción, pese al evidente descontento de la gente sobre la prestación del servicio, no sólo en la ciudad de Salta sino en toda la provincia. Pero en este razonamiento también cabe otra pregunta. ¿El Ente Regulador debe considerar acaso que, en las actuales circunstancias, el agua no es un servicio público y por lo tanto está inhibido de regulaciones y multas? Otros pensamientos más mundanos ponen de relieve el parentesco entre los dos Isasmendi. Uno, presidente del Ente Regulador y el otro, presidente de la empresa que hoy debe brindar el servicio de agua. La suspicacia no está demás.
El ingeniero Alfredo Fuertes, desde la Secretaría de Recursos Hídricos, advierte a quien lo quiera escuchar que el problema es serio. Lleva siempre a mano sus croquis y mapas de nivel para señalar las tareas en los lugares más críticos; asiste a la perforación de pozos; da la cara y explica la situación a los vecinos. Esa es la diferencia entre un científico proactivo y los burócratas solemnes a los que seguramente no les falta el agua.