Correteando. La CGT que dirige aún Hugo Moyano anunció ayer que persistirá en la aprobación de la ley que obliga a las empresas privadas a repartir una cuota de sus ganancias con sus empleados. Pero ayer decidió avanzar un paso más, al señalar que luego exigirá lo mismo con los dividendos del Estado en beneficio de los trabajadores estatales. De esta manera, la central cegetista vuelve a aumentar la pulseada con el Gobierno nacional, a días de que Cristina Fernández asuma su próximo mandato.
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Correteando. La CGT que dirige aún Hugo Moyano anunció ayer que persistirá en la aprobación de la ley que obliga a las empresas privadas a repartir una cuota de sus ganancias con sus empleados. Pero ayer decidió avanzar un paso más, al señalar que luego exigirá lo mismo con los dividendos del Estado en beneficio de los trabajadores estatales. De esta manera, la central cegetista vuelve a aumentar la pulseada con el Gobierno nacional, a días de que Cristina Fernández asuma su próximo mandato.
El encargado de hacer público el anhelo de Moyano fue justamente uno de sus hombres de mayor confianza, Julio Piumato, el titular del sindicato de los Empleados Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la central obrera.
Desde su cuenta en la red social Twitter, el líder sindical aseguró, además, que la iniciativa cumple con los mandatos constitucionales.
Según Piumato, una ley de participación obrera en las ganancias empresariales sería una herramienta clave para “acabar con el trabajo en negro”.
De esta manera, el gremialista reforzó los cruces de opiniones que vienen manteniendo en los últimos días la Presidenta con Moyano.
Cristina había dejando en claro la semana pasada, durante el encuentro anual de la UIA, su negativa al proyecto del diputado cegetista Héctor Recalde. Sin embargo, no rechazó por completo la idea.
La jefa de Estado había declarado entonces que apoyaba el reparto de las ganancias entre los trabajadores, pero siempre y cuanto esto haya sido acordado por la firma y sus empleados en las negociaciones paritarias. En ese sentido, rechazó la aprobación de una ley que obligue a las empresas a repartir sus utilidades porque eso repelería en forma abrupta las inversiones y pondría en jaque a las pequeñas y medianas compañías. Pero Piumato dijo que “el paso siguiente” será “encontrarle una vuelta” al proyecto para que los estatales gocen también un beneficio parecido al que tendrían los privados.