Los tres policías que estaban siendo procesados por haber proferido supuestas amenazas de muerte en contra del gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, y que habían sido denunciados por uno de los custodios del mandatario en febrero de 2009, durante una masiva huelga de la fuerza, fueron sobreseídos por la jueza Correcional 4, Sandra Espeche, que ordenó el archivo definitivo de la causa, al estimar que no existía ninguna evidencia en su contra.
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Los tres policías que estaban siendo procesados por haber proferido supuestas amenazas de muerte en contra del gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, y que habían sido denunciados por uno de los custodios del mandatario en febrero de 2009, durante una masiva huelga de la fuerza, fueron sobreseídos por la jueza Correcional 4, Sandra Espeche, que ordenó el archivo definitivo de la causa, al estimar que no existía ninguna evidencia en su contra.
La denuncia del caso había sido interpuesta por el cabo Cristian Humberto Vázquez y fue redactada, en el despacho del entonces subjefe de Policía, Mario Paz, por el ayudante de este, el comisario Juan Ariel Escalante, quien hizo las veces de sumariante. En el documento, Vázquez relata que unos diez suboficiales se habían presentado en su casa diciéndole que “a Urtubey lo vamos a llevar puesto”, si es que no accedía a sus reclamaciones salariales.
La investigación pasó luego a manos de la fiscal 3, Luján Sodero, y, tras cartón, el jefe de Seguridad Personal de la Brigada de Investigaciones, Aureliano Guanca, identificó a tres cabos con revista en Tartagal, como los autores de la amenaza: Gustavo Gabriel Iradis, José Luis Apaza y José Chilo, quienes estuvieron detenidos durante cinco días en la Alcaidía Judicial y quedaron separados de la fuerza.
La acusación de Vázquez se cayó al poco tiempo, cuando fue convocado a una rueda de reconocimiento, ocasión en que, pese a tener a los tres acusados frente a frente, no pudo identificar a ninguno.
“Ahora vamos al contraataque legal y accionaremos civil y penalmente contra el Estado por los daños morales, profesionales y económicos de mis tres defendidos y contra los que armaron la causa: desde el ya "despedido' secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, hasta el comisario Mario Paz, pasando por todos los que intervinieron en esta pantomima”, dijo a El Tribuno el abogado y exuniformado Pablo Cardozo Cisneros, uno de los policías exonerados que participó del movimiento reivindicatorio realizado por la mayoría del personal en febrero de 2009. “Aquí ha quedado demostrado con absoluta claridad que se trató de una burda maniobra, tal como lo ha entendido, con sabiduría, la jueza Espeche”, añadió Cardozo Cisneros.