En el auto de elevación a juicio, el juez Medina remarcó que los autores de los crímenes investigados en la “causa Ovalle” actuaron desde la impunidad de pertenecer a fuerzas de seguridad y con la tranquilidad de moverse en las denominadas “zonas liberadas”. El juez federal de Salta hizo notar que las víctimas fueron sacadas por la fuerza de los lugares en los que se encontraban, en total estado de indefensión. También subrayó que el menoscabo a las libertades corporales fue perpetrado por funcionarios públicos, en una absoluta ilegalidad, sin órdenes judiciales ni procesos penales debidamente sustanciados.
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En el auto de elevación a juicio, el juez Medina remarcó que los autores de los crímenes investigados en la “causa Ovalle” actuaron desde la impunidad de pertenecer a fuerzas de seguridad y con la tranquilidad de moverse en las denominadas “zonas liberadas”. El juez federal de Salta hizo notar que las víctimas fueron sacadas por la fuerza de los lugares en los que se encontraban, en total estado de indefensión. También subrayó que el menoscabo a las libertades corporales fue perpetrado por funcionarios públicos, en una absoluta ilegalidad, sin órdenes judiciales ni procesos penales debidamente sustanciados.
El magistrado dio por probado que “los secuestros y posteriores homicidios fueron llevados a cabo por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad de la provincia, quienes dependían formal, funcional y operativamente de la máxima autoridad militar provincial, a la sazón Carlos Alberto Mulhall, quien ejercía la jefatura del Area 322 del Ejército Argentino”. De allí, según concluyó el juez, habrían provenido todas y cada una de las directivas “inspiradas en la convicción de que las víctimas actuaban en política, en una corriente doctrinaria contraria a quienes por ese entonces tenían la suma del poder público del Estado”.