El manejo de los fondos de bosques sigue dando qué hablar y el escándalo de hace unos meses por el intento de fraude con el dinero que la Nación envía a la provincia, parece tomar ahora otras aristas. En cuatro de siete comunidades wichí del norte salteño, los fondos no llegaron a quienes efectivamente son sus destinatarios y se disolvieron mayormente en gestorías y trámites. La efectividad del control por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a cargo de Francisco Javier López Sastre, vuelve a estar bajo sospecha.
Se trata de importantes sumas asignadas para las poblaciones más vulnerables, que se utilizan, en gran parte, en el pago de servicios a una ONG. En una sola comunidad, la organización se queda con casi la mitad del monto total del proyecto. Las comunidades consultadas por este medio, señalaron encontrarse “disconformes y desilusionadas” con la administración de los recursos. Es que, un considerable porcentaje de los 223.532 pesos que les corresponden a las misiones aborígenes San Patricio; Wayayuk; Kayip y Lote 75, se destinará a los honorarios de Fundapaz, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz. Los servicios incluyen capacitaciones y relevamientos del terreno, exigidos por la normativa a quienes soliciten el beneficio de los fondos.
Según constató este medio, ningún representante del Ministerio que encabeza López Sastre estuvo en alguna de las cuatro comunidades para explicar los beneficios otorgados. En el Lote 75 y en Wayayuk, los beneficiarios se enteraron de la existencia del proyecto, sugestivamente sólo después de que había sido aprobado por Ambiente. En el caso del Lote 75, en las afueras de Embarcación, sobre la ruta provincial 53, figura como representante alguien que no pertenece a esa comunidad. El Tribuno visitó estas localidades aborígenes y corroboró que todavía no llegó un solo centavo a los verdaderos beneficiarios. “Aunque los acuerdos se firmaron en febrero, la plata se depositó el 31 de marzo y recién en mayo pudimos disponer del monto, porque el Ministerio no había explicado cómo se debían rendir todos los gastos”, se excusó Gabriel Seghezzo, director de Fundapaz. Las comunidades denuncian falta de información e inseguridad, ya que no conocen la documentación que respalde el destino del dinero que manejan a su nombre.
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El manejo de los fondos de bosques sigue dando qué hablar y el escándalo de hace unos meses por el intento de fraude con el dinero que la Nación envía a la provincia, parece tomar ahora otras aristas. En cuatro de siete comunidades wichí del norte salteño, los fondos no llegaron a quienes efectivamente son sus destinatarios y se disolvieron mayormente en gestorías y trámites. La efectividad del control por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, a cargo de Francisco Javier López Sastre, vuelve a estar bajo sospecha.
Se trata de importantes sumas asignadas para las poblaciones más vulnerables, que se utilizan, en gran parte, en el pago de servicios a una ONG. En una sola comunidad, la organización se queda con casi la mitad del monto total del proyecto. Las comunidades consultadas por este medio, señalaron encontrarse “disconformes y desilusionadas” con la administración de los recursos. Es que, un considerable porcentaje de los 223.532 pesos que les corresponden a las misiones aborígenes San Patricio; Wayayuk; Kayip y Lote 75, se destinará a los honorarios de Fundapaz, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz. Los servicios incluyen capacitaciones y relevamientos del terreno, exigidos por la normativa a quienes soliciten el beneficio de los fondos.
Según constató este medio, ningún representante del Ministerio que encabeza López Sastre estuvo en alguna de las cuatro comunidades para explicar los beneficios otorgados. En el Lote 75 y en Wayayuk, los beneficiarios se enteraron de la existencia del proyecto, sugestivamente sólo después de que había sido aprobado por Ambiente. En el caso del Lote 75, en las afueras de Embarcación, sobre la ruta provincial 53, figura como representante alguien que no pertenece a esa comunidad. El Tribuno visitó estas localidades aborígenes y corroboró que todavía no llegó un solo centavo a los verdaderos beneficiarios. “Aunque los acuerdos se firmaron en febrero, la plata se depositó el 31 de marzo y recién en mayo pudimos disponer del monto, porque el Ministerio no había explicado cómo se debían rendir todos los gastos”, se excusó Gabriel Seghezzo, director de Fundapaz. Las comunidades denuncian falta de información e inseguridad, ya que no conocen la documentación que respalde el destino del dinero que manejan a su nombre.
Convenios
En los convenios firmados entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y Fundapaz, para la administración de los fondos, se menciona, en la cláusula séptima, que “la ejecución del proyecto estará sujeta a un amplio y estricto control”. Unas líneas más abajo, se obliga a Fundapaz a “instalar en la vía de acceso al inmueble un cartel que anuncia la ejecución del mismo”. Esa condición no se cumple en ninguna de las cuatro comunidades. “El Estado no brinda ninguna información en las comunidades y nunca la brindó. Lo que se sabe es por información que brindaron nuestros equipos técnicos”, dijo el director de la fundación.
Un “detalle”
Al “estricto control” del Ministerio de Ambiente de la Provincia, respecto del destino de los fondos de bosques, se le escapó otro detalle. Quien firmó como representante por el proyecto del Lote 75, en Embarcación, no pertenecen a esa comunidad.
Se trata de Miguel Montes, dirigente del COW, Consejo de Organizaciones Wichí.
“Yo sé que no soy representante del Lote 75, pero como había poco tiempo pensé que era mejor que la comunidad tuviera algo en vez de nada”. Así justificó su designación. “Después me autorizaron, una vez que se aprobó el proyecto”, reconoció Montes en diálogo con El Tribuno.
La ley nacional
En 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.
Esa ley establece que obligatoriamente debe hacerse un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte a cualquier empresa que presente su proyecto.
Los fondos de los bosques nativos nacieron para distribuirse entre las provincias que sancionen por ley provincial este ordenamiento territorial.