El descubrimiento de gran cantidad de cocaína en poder de oficiales de la policía salteña es un llamado de atención sobre el alto riesgo de que el narcotráfico esté dando sus primeros pasos para infiltrarla y cartelizarla.
Se trata de un problema serio que el Gobierno provincial debe resolver con idoneidad y seriedad, dejando de lado la especulación y cualquier estrategia de distracción.
Los jueces, policías y gendarmes que actúan en la región de frontera coinciden en que la Argentina está indefensa frente a los hampones del narcotráfico. Esto se debe a la falta de infraestructura, de equipamiento y de coordinación entre quienes deben combatir el flagelo. Es decir, está faltando voluntad política.
Dos ejemplos hablan por sí solos. El radar ubicado en Tartagal detectó muy pocos vuelos clandestinos, probablemente por su escaso potencial, pero como la operación se controla desde una base aérea del conurbano bonaerense, igualmente es imposible interceptarlos. En consecuencia, el radar no sirvió de nada. Si no es ese el sistema correcto y adecuado, hay que diseñar otro, pero algo hay que hacer.
El otro ejemplo es la ausencia de traductores al servicio de los jueces. Muchos narcotraficantes oriundos de Europa oriental, Asia menor y Norte de África son detenidos durante varios meses en cárceles salteñas y, luego de seis meses, liberados porque se escudan en el idioma para no declarar. De ese modo vuelven a su país y siguen delinquiendo.
Al Estado argentino le cuesta asumir la gravedad de este flagelo. La expansión del consumo de drogas castiga a todos los sectores de la sociedad. Todos los interesados saben dónde se consigue marihuana, cocaína o paco, menos quienes deben combatir a los traficantes.
Salta se encuentra en zona vulnerable, vale repetirlo, y si los narcos se infiltran en las fuerzas de seguridad la provincia quedará a su merced y se profundizará la impunidad.
La experiencia de México, donde el narcotráfico produce miles de muertes por mes, debe servir como referencia; allí, muchas fuerzas policiales se han cartelizado. El Ejército mexicano descubrió que redes de narcopolicías proporcionan a los carteles la información sobre operativos antidroga.
El año pasado ese Ejército identificó al menos a 19 bandas de narcopolicías que filtraban información de operativos al cártel del Golfo y a Los Zetas. Se sospecha de unos 370 oficiales, entre ellos, seis comandantes.
En la Argentina las malas señales se multiplican. El caso más reciente es el de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y su socio Matías Miret, todos ellos hijos de brigadieres y personas muy vinculadas al poder político, quienes cargaron en la base militar de Morón una tonelada de cocaína que fue decomisada en España.
También hay malas experiencias en nuestra provincia. Las muertes violentas de tres presidiarios ocurridas este verano en la cárcel de villa Las Rosas están directamente vinculadas al narcotráfico. En 2003 fue detenido con cocaína en la ruta 34 el jefe de la Brigada de Investigación y Drogas Peligrosas del norte provincial.
En 2005, el delegado de la Policía Federal en Salta y tres policías se accidentaron en Jujuy; en el auto se encontraron 116 kilos de cocaína. En 2008, el juez federal José Antonio Solá Torino fue destituido por presuntos vínculos con narcotraficantes. En 2009, miembros de Gendarmería aparecieron involucrados en hechos de este tipo.
Las autoridades nacionales y provinciales deben tomar el peso real de la gravedad del actual escenario. El narcotráfico modifica sus artimañas y para combatirlo con medidas eficaces es necesario adoptar una decisión política, evitar distraerse en discusiones que politizan la cuestión y concentrar esfuerzos en el objetivo central, que debe ser el de terminar con la impunidad de los narcos.
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El descubrimiento de gran cantidad de cocaína en poder de oficiales de la policía salteña es un llamado de atención sobre el alto riesgo de que el narcotráfico esté dando sus primeros pasos para infiltrarla y cartelizarla.
Se trata de un problema serio que el Gobierno provincial debe resolver con idoneidad y seriedad, dejando de lado la especulación y cualquier estrategia de distracción.
Los jueces, policías y gendarmes que actúan en la región de frontera coinciden en que la Argentina está indefensa frente a los hampones del narcotráfico. Esto se debe a la falta de infraestructura, de equipamiento y de coordinación entre quienes deben combatir el flagelo. Es decir, está faltando voluntad política.
Dos ejemplos hablan por sí solos. El radar ubicado en Tartagal detectó muy pocos vuelos clandestinos, probablemente por su escaso potencial, pero como la operación se controla desde una base aérea del conurbano bonaerense, igualmente es imposible interceptarlos. En consecuencia, el radar no sirvió de nada. Si no es ese el sistema correcto y adecuado, hay que diseñar otro, pero algo hay que hacer.
El otro ejemplo es la ausencia de traductores al servicio de los jueces. Muchos narcotraficantes oriundos de Europa oriental, Asia menor y Norte de África son detenidos durante varios meses en cárceles salteñas y, luego de seis meses, liberados porque se escudan en el idioma para no declarar. De ese modo vuelven a su país y siguen delinquiendo.
Al Estado argentino le cuesta asumir la gravedad de este flagelo. La expansión del consumo de drogas castiga a todos los sectores de la sociedad. Todos los interesados saben dónde se consigue marihuana, cocaína o paco, menos quienes deben combatir a los traficantes.
Salta se encuentra en zona vulnerable, vale repetirlo, y si los narcos se infiltran en las fuerzas de seguridad la provincia quedará a su merced y se profundizará la impunidad.
La experiencia de México, donde el narcotráfico produce miles de muertes por mes, debe servir como referencia; allí, muchas fuerzas policiales se han cartelizado. El Ejército mexicano descubrió que redes de narcopolicías proporcionan a los carteles la información sobre operativos antidroga.
El año pasado ese Ejército identificó al menos a 19 bandas de narcopolicías que filtraban información de operativos al cártel del Golfo y a Los Zetas. Se sospecha de unos 370 oficiales, entre ellos, seis comandantes.
En la Argentina las malas señales se multiplican. El caso más reciente es el de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y su socio Matías Miret, todos ellos hijos de brigadieres y personas muy vinculadas al poder político, quienes cargaron en la base militar de Morón una tonelada de cocaína que fue decomisada en España.
También hay malas experiencias en nuestra provincia. Las muertes violentas de tres presidiarios ocurridas este verano en la cárcel de villa Las Rosas están directamente vinculadas al narcotráfico. En 2003 fue detenido con cocaína en la ruta 34 el jefe de la Brigada de Investigación y Drogas Peligrosas del norte provincial.
En 2005, el delegado de la Policía Federal en Salta y tres policías se accidentaron en Jujuy; en el auto se encontraron 116 kilos de cocaína. En 2008, el juez federal José Antonio Solá Torino fue destituido por presuntos vínculos con narcotraficantes. En 2009, miembros de Gendarmería aparecieron involucrados en hechos de este tipo.
Las autoridades nacionales y provinciales deben tomar el peso real de la gravedad del actual escenario. El narcotráfico modifica sus artimañas y para combatirlo con medidas eficaces es necesario adoptar una decisión política, evitar distraerse en discusiones que politizan la cuestión y concentrar esfuerzos en el objetivo central, que debe ser el de terminar con la impunidad de los narcos.