El escándalo desencadenado en el seno de la Fundación Madres de Plaza de Mayo debe servir como advertencia sobre los riesgos que supone el manejo de fondos públicos sin control del Estado y sobre la inconveniencia de excluir a determinados organismos, por prestigiosos que estos sean, de las normas vigentes para la adjudicación de proyectos.
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El escándalo desencadenado en el seno de la Fundación Madres de Plaza de Mayo debe servir como advertencia sobre los riesgos que supone el manejo de fondos públicos sin control del Estado y sobre la inconveniencia de excluir a determinados organismos, por prestigiosos que estos sean, de las normas vigentes para la adjudicación de proyectos.
Al mismo tiempo, los argentinos debemos valorar con equilibrio y sabiduría lo que las Madres de Plaza de Mayo representan para la construcción de una cultura de los derechos humanos, de la que nuestro país carecía hasta el retorno de la democracia.
Los errores, las imprudencias y hasta los eventuales delitos que pudiera haber cometido Hebe de Bonafini no deben servir como pretexto para descalificar los valores que ella simboliza junto con las madres y padres de los desaparecidos.
La presencia de Sergio y Pablo Schoklender en esa entidad fue un contrasentido. Hoy, los beneficiarios de la protección de Hebe se ocupan de presentar a la entidad que los cobijó como una cueva de ladrones.
En pocas ocasiones es tan importante como en ésta, para todos los argentinos, que la Justicia actúe sin dilaciones ni especulaciones y que aplique el peso de la ley sobre los responsables de lo que parece un desfalco inédito.
Es imprescindible determinar el origen de la fortuna de Schoklender y el de las cuentas de Hebe de Bonafini en el exterior. Nada debe quedar en la penumbra, porque eso hará daño al Gobierno y a la sociedad.
Sería gravísimo comprobar que la Fundación utilizó los fondos otorgados por el Estado para financiar campañas políticas, atacar a determinados periodistas y disponer obras para provincias y municipios gobernados por funcionarios dóciles al poder central, tal como denuncia Schoklender; pero más grave sería dejar flotando la duda.
Schoklender describe un escenario de malversación de fondos públicos como pocas veces se ha visto en el país. De ser cierta la decisión de capitalizar con dineros del Estado a su empresa particular, Meldorek, y convertirla en una constructora con seis mil empleados y más de 700 millones de pesos de presupuesto, estaríamos ante un desvío descomunal de fondos.
Sólo la Justicia puede verificar o desestimar la denuncia, luego de una investigación exhaustiva. Esta vez, el juez Norberto Oyarbide no puede ni archivar la causa en tiempo récord ni cajonear los trámites para que el expediente muera en el olvido. A tres meses de abierto el caso, lamentablemente, es notoria la morosidad del juez para tomar alguna decisión.
El silencio será la peor receta para el Gobierno nacional.
Al mismo tiempo, la ciudadanía debe defender a rajatabla el respeto por los derechos humanos. Los malos modales o las defecciones de la dirigente más conocida no deben ocultar la importancia de valores que deben ser absolutos e intangibles.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948 por la ONU como una forma de poner freno a los crímenes genocidas, como los que habían perpetrado el nazismo, el fascismo italiano, el franquismo, el imperio turco y el comunismo ruso, que costaron 120 millones de víctimas civiles en el siglo veinte.
El principio fundamental es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Incluye el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; a no ser sometido a torturas, a la igualdad ante la ley, a un proceso justo, a la libertad de conciencia, al trabajo, a un nivel de vida digno y a la educación. Se trata de derechos que resguardan a la persona frente al Estado y que son aplicables exista o no en cada país una ley particular que los reconozca.
Nuestro país avanzó mucho en esta dirección, pero nos queda mucho camino por recorrer. No debemos permitir que ningún escándalo, cualquiera sea su magnitud, nos haga retroceder como Nación en la línea histórica de los derechos humanos.