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La Justicia en Salta y la sombra del poder político

Sabado, 03 de septiembre de 2011 18:20

El Código Procesal Penal es la herramienta fundamental en la provinc ia para investigar y sancionar la comisión de delitos

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El Código Procesal Penal es la herramienta fundamental en la provinc ia para investigar y sancionar la comisión de delitos

Ahora, en el Senado se deberán analizar comparativamente y punto a punto la conformación del nuevo Código.

En la provincia de Salta, el Ministerio Público es una pata del poder político dentro de la Justicia.

Varios son los ejemplos en esta semana que advierten con claridad un escenario de cambios o definiciones en la Justicia de Salta, tanto en al ámbito federal como en el provincial. En ambos casos, el poder político no aparece lejano.

Sólo hace falta recordar las palabras de la ministra de Justicia, María Inés Diez, quien, durante la presentación formal del proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia, reconoció la decisión política del gobernador Juan Manuel Urtubey de avanzar con el sistema acusatorio, por el cual se otorgan facultades investigativas a los fiscales del Ministerio Público.

Este modelo, ya vigente en algunos lugares del país, pone la elaboración de pruebas de los crímenes en manos de los investigadores fiscales y deja a los jueces con la tarea de dictar sentencia. En el proceso, los jueces de Instrucción desaparecen de escena y se espera, según lo prevé el nuevo sistema, que los magistrados de Garantías sean el contralor de la tarea de los fiscales.

Pero los sectores que impulsan este mecanismo evitan aclarar que en Salta, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, el Ministerio Público es una pata del poder político dentro de la Justicia.

Hoy el organismo que encabeza el procurador Pablo López Viñals, es una especie de extrapoder, propuesto por el Gobernador, con el acuerdo del Senado.

En otras provincias, el Ministerio Público es parte de un esquema Judicial y se rige con una natural independencia de poderes, lo que hasta el momento no parece tener correlato en Salta, donde varias denuncias contra funcionarios y organismos del Estado fueron archivadas en tiempo récord por los fiscales que responden a López Viñals.

Todo lo contrario viene ocurriendo con aquellos que no pertenecen al sector protegido y que hoy soportan el peso de la manipulación política sobre los fiscales.

El punto es que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que consta de 622 artículos, fue elaborado por una comisión redactora integrada por la ministra María Inés Diez; Rodolfo Urtubey, apoderado del PJ y hermano del gobernador; Simón Padrós, fiscal de Estado; Luis Félix Costas, juez de la Cámara de Acusación; Darío Palmier y Horacio Aguilar, ambos abogados vinculados al Gobierno. No entraron en esta comisión redactora aportes técnicos, como los que podrían haber efectuado el Colegio de Abogados o el de Magistrados.

Al ponderar los alcances de la reforma del Código Procesal Penal, en la presentación efectuada el miércoles pasado en la Legislatura, los integrantes de la comisión redactora destacaron las nuevas herramientas procesales que se incluyen en el proyecto celosamente guardado en la Cámara alta. La tarea se concentrará ahora en el Senado, donde deberán analizar comparativamente y punto a punto la conformación del nuevo Código.

No obstante, y de acuerdo a la experiencia, se puede anticipar que la mayoría oficialista de legisladores tendrá un papel preponderante para el rápido avance del proyecto. Visto así, se podría inferir incluso que el Gobierno provincial delegó en forma directa, una tarea de eminente carácter técnico judicial, en actores políticos del Estado.

Cabe señalar que el Código Procesal Penal, que hace poco cumplió 50 años, es la herramienta fundamental en la provincia para investigar y sancionar la comisión de delitos y tiene estrecha vinculación con la libertad o el enjuiciamiento de las personas. Este cúmulo de normas pone en juego, lisa y llanamente, las garantías constitucionales, tanto para las víctimas como para los sospechosos de cometer crímenes. De allí la importancia de que su modificación tenga que estar atada a un profundo debate, donde el número de bancas legislativas no puede imponerse, bajo ningún concepto, a un tratamiento serio y responsable de los intereses que involucran a toda la ciudadanía.

 

La Federal

Por el lado de la Justicia Federal en Salta no está ausente en este repaso, la inexplicable situación que le toca vivir a Edgardo López Herrera, el abogado tucumano que tenía el número puesto para ocupar el juzgado federal 1 en Salta, hoy a cargo de Julio Leonardo Bavio como subrogante del puesto que dejó hace tiempo Abel Cornejo, actualmente juez de la Corte salteña.

La comisión de Acuerdos del Senado nacional ya había analizado satisfactoriamente los antecedentes -

impecables para muchos- del abogado tucumano. El Gobierno nacional ordenó el jueves retirarle los pliegos sin brindar mayores explicaciones. Solo quedó como una improcedente excusa, la objeción planteada por la asociación de derechos humanos “Lucrecia Barquet”, que cuestionó que López Herrera sea tucumano y especializado en Derecho Civil, lo cual constituye -según la asociación-un impedimento para activar las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. Hoy en el juzgado federal 1, están pendientes unas 5.000 causas tributarias y otras 3.100 penales. Unas 6.200 son civiles y 2.500 previsionales; el resto, cerca de 30, están referidas a los derechos humanos.

López Herrera había obtenido el mejor puntaje en el concurso del Consejo de la Magistratura, pero es facultad del Ejecutivo determinar sobre la terna y se piensa que el retiro de sus pliegos es una bajada de pulgar de la presidenta Cristina de Kirchner.

Aseguran los allegados que López Herrera ya había elegido en Salta el lugar donde vivir y hasta el colegio de sus hijos; también se había despedido de sus alumnos en la Universidad Santo Tomás de Aquino.

Otra vez aparece el poder político sobre la Justicia con una inexplicable determinación que no está exenta de sospechas, comentarios y elucubraciones. Se dice que la propuesta de López Herrera por parte del Gobierno nacional, llegó en un momento difícil entre el gobernador Urtubey y la presidenta Cristina de Kirchner. Esto habría ocurrido durante la última crisis energética en el país, donde el Enargas salió a culpar al gobierno salteño por la falta de combustibles en la región. Pero las heridas, en tiempos de la política, parecen curarse rápidamente y es así que hoy el juez Julio Bavio es el mejor posicionado para ocupar la titularidad del neurálgico juzgado de causas federales en la provincia. Lo que todavía no cierra es que Bavio también aparece con el número puesto para ocupar un lugar en la Corte, atento a los vencimientos de mandatos que operan en los próximos meses en el máximo órgano de Justicia provincial. Pero de eso hablaremos más adelante.

 

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