En la Argentina está muy difundido el método estadístico denominado “oscilo-digital”, que consiste en extender la mano y hacer girar en ambos sentidos los dedos de la mano. Popularmente se lo conoce como “masomeneo”. Periodísticamente esos datos se atribuyen -con frecuencia- a “fuentes generalmente bien informadas”. Así parece ocurrir con una información divulgada hace dos semanas en la que se narra que el Gobierno se apropiaría de la recaudación de 30.000 millones de pesos originados en el régimen de Obras Sociales. A renglón seguido, continúa diciendo el informe, que el sistema recibe entre aportes de los empleados y contribuciones de las empresas, unos $2.000 millones al mes. Entre tanto número redondo no nos cierra que 30.000 millones anuales se integren con $2.000 millones mensuales; en el camino se nos ha quedado la no despreciable suma de $6.000 millones. De todas formas, también discrepan los números en la deuda que el Gobierno tiene con las obras sociales cuantificada, (según el PEN), en seis mil millones, mientras que para la CGT son nueve mil millones.
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En la Argentina está muy difundido el método estadístico denominado “oscilo-digital”, que consiste en extender la mano y hacer girar en ambos sentidos los dedos de la mano. Popularmente se lo conoce como “masomeneo”. Periodísticamente esos datos se atribuyen -con frecuencia- a “fuentes generalmente bien informadas”. Así parece ocurrir con una información divulgada hace dos semanas en la que se narra que el Gobierno se apropiaría de la recaudación de 30.000 millones de pesos originados en el régimen de Obras Sociales. A renglón seguido, continúa diciendo el informe, que el sistema recibe entre aportes de los empleados y contribuciones de las empresas, unos $2.000 millones al mes. Entre tanto número redondo no nos cierra que 30.000 millones anuales se integren con $2.000 millones mensuales; en el camino se nos ha quedado la no despreciable suma de $6.000 millones. De todas formas, también discrepan los números en la deuda que el Gobierno tiene con las obras sociales cuantificada, (según el PEN), en seis mil millones, mientras que para la CGT son nueve mil millones.
Millones más, millones menos; aquí, parece, hay gasto encerrado. Datos más fiables nos dicen que en 2010 las obras sociales recaudaron $19.615 millones (advierta el lector que el número sin redondeos, seguramente es mucho más digno de ser creído). El sector ha tenido un crecimiento notable ya que en 2003 se recaudaban $3.129 millones. No era un bocado tan apetecible.
El patrimonio de las obras sociales se conforma con los aportes que realizan empleadores y trabajadores en una proporción de 6% y 3%, respectivamente, del total de remuneraciones percibidas en el marco de actividades regidas por distintos convenios colectivos. En realidad, los asalariados también aportan para el sistema otro 3% para el PAMI. Los monotributistas pagan una suma de $70 y el personal doméstico $60 por mes. La cotización media de un empleado en relación de dependencia bordea los $500.
Entre afiliados titulares y sus familias, incluidos los del PAMI, reciben atención médica a través del sistema alrededor de 20 millones de personas. Mensualmente, $300 millones van al Fondo Solidario de Redistribución que asegura un piso de ingreso a cada obra social por beneficiario y financia los tratamientos de alta complejidad a través de la Administración de Programas Especiales (APE).
Existe una altísima concentración en el manejo de las obras sociales. Sobre algo más de 3.000 sindicatos registrados, solamente 300 administran estos entes. De esas 300, las primeras 10 obras sociales reciben más del 40% de la recaudación. Sin el PAMI, que reúne a más de 4 millones de afiliados, por cotizantes, las tres primeras eran Empleados de Comercio, Rural y Estibadores y Construcción. En la otra punta hay obras sociales con menos de 100 aportantes. La concentración también es geográfica: la provincia de Buenos Aires con un 38% de la población, tiene un 46% del total de los beneficiarios de las obras sociales, y Capital Federal, con solo un 9% de la población, representa el 13% de los beneficiarios. Tanto por recaudación como por afiliados, primera está Osecac (más de un millón de empleados de comercio). Por montos recibidos, segunda está OSDE, una obra social del personal de dirección que por definición tiene aportes altos que corresponden a empleados jerárquicos de mayores sueldos.
En el último tiempo gremios chicos, casi insignificantes (turf, comisarios navales, empleados del Automóvil Club, etc.) se ubican entre las primeras 20 obras sociales por haber realizado convenios con entidades de medicina privada y haber logrado captar aportantes que hasta casi duplican el aporte medio del sistema.
En concreto, unas 300 entidades (y dentro de ellas un grupo reducido) manejan el 50% de la salud de los 40 millones de argentinos. Recordemos que, a su vez, solo representan un mínimo espectro de los trabajadores aportantes, pues en sus 2/3 partes al no estar afiliados a sindicatos, (37% es nuestra tasa de sindicalización), no tienen -siquiera- una representación remota en las obras sociales.
¿Quién administra y controla?
Las autoridades de la obra social son elegidas democráticamente por el dedo del secretario general del gremio a nivel nacional. Es una sabia decisión que muchas veces viene como anillo al dedo (es el caso de Hugo Moyano, cuya esposa preside la obra social de Camioneros), en otros genera instintos paternales (los hijos al frente de estas entidades) y en la mayoría de los casos es un absoluto narcisismo que lleva a que ese sitial lo ocupe simultáneamente el mismo jerarca sindical.
Pero, ¿quién controla esos 30.000 mil millones de los que dependen la salud del 50% de los argentinos?: nadie.
En lo interno la ley no prevé ningún órgano de fiscalización, ni representación de los auténticos “interesados”: los trabajadores. El único control sería del sindicato que le corresponde, pero este, a su vez, carece de un mínimo control por parte de fiscalizadores independientes.
Externamente podrían ser controlados por la AFIP, pero como las obras sociales tienen importantes exenciones impositivas, casi no están sujetas a inspección.
El órgano de cúpula, la Superintendencia de Servicios de Salud, ejerce una verificación meramente formal, limitándose a requerir la presentación de balances anuales. Pasaron muchos años hasta que la “mafia de los medicamentos” puso al desnudo la inexistencia de un eficaz sistema de control.
La culpa no es del chancho..., sino de todos nosotros que permitimos semejante desmanejo.
Recientemente, a raíz de la eventual estatización de fondos de obras sociales, el secretario general de la Unión Obrera Textil, Jorge Lobais, integrante de la mesa chica de la CGT, advirtió que “desde la dictadura siempre nos quieren manotear las obras sociales porque dicen que es nuestra caja y por la cual somos corruptos, millonarios”. O sea que la mayor persecución la han sufrido durante estos casi treinta años de insufrible democracia. Pero, Lobais: no haga caso, la gente es mala y comenta; todos sabemos que no es la “caja” de Uds. (es la cajita “feliz” que comparten en familia) y nadie piensa que sean corruptos y millonarios.