El procurador general Pablo López Viñals quedó en medio del fuego cruzado de los diputados, durante la sesión de ayer, en la que fue cuestionado por su “inacción”.
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El procurador general Pablo López Viñals quedó en medio del fuego cruzado de los diputados, durante la sesión de ayer, en la que fue cuestionado por su “inacción”.
En el tramo de las manifestaciones, el diputado por Cerrillos, Mario Avalos (Partido Propuesta Salteña) mencionó la necesidad de limitar la cantidad de reelecciones en el cargo de intendente y advirtió que la continuidad de una persona por mucho tiempo da lugar al “desconocimiento de la ley o a casos de corrupción”.
Avalos observó: “Pareciera que es un gran ausente el Procurador General, porque hay situaciones relacionadas con informes de la Auditoría General (referidos a gestiones municipales), que no son tenidos en cuenta desde el Ministerio Público”.
El legislador entendió que con esa documentación , López Viñals podría “observar claras violaciones que se hacen a la ley de Contrataciones; estos son temas que los tendría que estar mirando el procurador para instruir a la Fiscalía de turno que inicie una investigación para determinar si se cometieron delitos o no”.
Mencionó casos de intendentes de larga permanencia que tienen causas pendientes hace más de una década. “Es lamentable la actitud de dilación de la resolución de estos juicios. Son cosas que preocupan tanto del Procurador como de la Justicia”, apuntó.
Las objeciones de Avalos fueron respondidas por otro cerrillano, Omar Soches López, quien consideró que si los intendentes gobiernan muchos años “quiere decir que algo bueno están haciendo”.
El tema judicial ocupó una buena parte de las manifestaciones. La diputada Liliana Mazzone dijo sentirse “víctima de una persecución judicial” y atribuyó esto al hecho de haber promovido un frustrado juicio político a Abel Cornejo.
¿Contra Olmedo?
Ya en el tratamiento de los proyectos, los diputados aprobaron una ley que modifica la N§ 7623, para que el Ejecutivo Provincial cobre el canon a los particulares que explotan inmuebles rurales propiedad del Estado, equivalente al 10% de la producción. Los legisladores hicieron referencia a Salta Forestal y a que sus concesionarios, uno de ellos es Alfredo Olmedo, no pagan el canon. Hablaron de $16 millones de deuda, que deberían distribuirse la mitad para la Provincia y el resto entre los municipios donde están las tierras cultivadas.