La asesora general de Incapaces del Ministerio Público, Mirta Lapad, consideró que los operadores a su cargo deben intervenir cuando una menor de edad haya sufrido una violación y quiera interrumpir el embarazo. De esta manera, la funcionaria se manifestó en contraposición con el sector feminista que reclama evitar pasos burocráticos.

Lapad opinó que es obligación del área que conduce actuar en este tipo de casos para proteger los derechos de la víctima. La asesora plasmó esta postura en la causa que inició el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, en la cual se demanda agilizar el aborto para embarazadas como producto de un abuso sexual.

En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que se puede detener la gestación sin que haya una orden judicial cuando es resultado de un delito de violencia sexual o cuando corre riesgo la vida de la madre.

El Gobierno de Salta elaboró un protocolo que determina cómo se debe realizar la práctica en estos casos. La Provincia fijó como requisito que la víctima de violación presente una denuncia policial o declaración jurada en la que relate el hecho ante algún miembro del Ministerio Público.

El Foro de Mujeres, con el patrocinio de Graciela Abutt y Mónica Menini, hizo una presentación judicial que busca acortar el procedimiento.

Las demandantes señalan que se impusieron pasos innecesarios. Piden que la práctica se haga solo con una declaración jurada ante el médico que atenderá a la paciente.

La organización feminista destaca que extender los trámites y aumentar la cantidad de personas involucradas atenta contra la celeridad y el derecho a la intimidad.

En las últimas semanas, Lapad presentó un dictamen en la causa que se conoció ahora. La funcionaria coordina a los asesores de Incapaces del Ministerio Público, encargados de resguardar los derechos de los niños en las causas que los involucran.

Lapad señaló que los operadores a su cargo deben ser parte del proceso, en consonancia con lo que estableció el Gobierno provincial.

Además, la asesora general manifestó que el fallo de la Corte Suprema no implica que todas las víctimas de violación tengan el “derecho” a abortar, expresión que se alinea con la postura que el gobernador Juan Manuel Urtubey expuso días después del fallo.

Tras la decisión del Alto Tribunal, el gobernador había señalado que en Salta no se interrumpiría el embarazo a menos que lo ordenara un juez. Después de recibir críticas a nivel nacional, el mandatario reglamentó el aborto y eludió la autorización judicial, pero sumó el requisito de que la Policía o el Ministerio Público participen.

Lapad consideró que el fallo de la Corte Suprema implica que no habría pena para un eventual aborto en caso de abuso pero que eso no significa que siempre exista un derecho a detener el embarazo.

¿Qué te pareció esta noticia?

Últimas Noticias

Últimas Noticias de Salta

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...