El cuestionamiento que el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta efectuó al procurador general Pablo López Viñals por su injerencia en la designación de los últimos fiscales recalentó aún más el ambiente que generó la elección para uno de los cargo del cuestionado exministro de Seguridad, Maximiliano Troyano, por parte del Poder Ejecutivo.
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El cuestionamiento que el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta efectuó al procurador general Pablo López Viñals por su injerencia en la designación de los últimos fiscales recalentó aún más el ambiente que generó la elección para uno de los cargo del cuestionado exministro de Seguridad, Maximiliano Troyano, por parte del Poder Ejecutivo.
“Está visto que este método no sirve porque va a contrapelo con cualquier sistema de elección donde los segundos y terceros se apoderan del primero de la competencia, ya sea por cuestiones políticas, de amiguismo o conveniencia”, expresó el abogado penalista Marcelo Arancibia. Y agregó que “no podemos permitir que la política entre por la puerta de la Justicia y ésta salga despavorida por la ventana”.
A su juicio, el pronunciamiento del Colegio de Abogados marca claramente que al sistema no se le está dando la transparencia que exige la sociedad, al tiempo que reclamó un cambio en el método de los exámenes y que los aspirantes a lo diferentes cargos no solo demuestren idoneidad sino un alto nivel capacitación en el ejercicio de la profesión.
“La Justicia necesita gente capacitada, no amigos del poder político de turno”, sentenció
La postura de Arancibia va en consonancia con un proyecto de resolución presentado recientemente por el diputado de Cafayate, Román Humberto Villanueva. Con esta iniciativa el legislador cafayateño propicia que los representantes de la Cámara baja ante el Consejo de la Magistratura realicen las gestiones necesarias para que la designación de funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Pública sea realizada atendiendo exclusivamente a los méritos académicos y al puntaje obtenido en los concursos previstos por la reglamentación vigente. También solicita que los miembros del cuerpo concurran al seno de la Comisión de Justicia con el objeto de brindar detalles de las últimas selecciones mediante concursos públicos de postulantes a magistraturas inferiores del Poder Judicial, Jueces de Paz Letrados y funcionarios del Ministerio Público.
A su turno la senadora Silvina Vargas aclaró que “no hago un cuestionamiento a nadie en particular, pero sí a ciertas injerencias que se han producido en la selección de los postulantes a fiscales recientemente elegidos”. La legisladora avaló el pronunciamiento del Colegio de Abogados al señalar que el procurador López Viñals debió dar un paso al costado. “Creo que con su intervención el procurador no hizo más que generar más dudas de las que ya se habían generado”, expresó Vargas, de profesión abogada.
Dijo que “por respeto a los postulantes debió haberse tratado por todos los medios de evitar susceptibilidades, pero lamentablemente eso no ocurrió”. Silvina Vargas sostuvo que ahora lo que resta esperar es el pronunciamiento de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, que está evaluando los pliegos de los cuatro postulantes a fiscales, entre ellos el de Troyano, enviado por el gobernador Juan Manuel Urtubey.
“Yo confío en que mis pares harán un profundo análisis del pliego de cada uno de los colegas propuestos antes de darles el acuerdo”, señaló.
Darío Valenzuela, diputado por San Martín, sostuvo que “mientras los cargos en la Justicia dependan del poder político van a ser mal vistos por la sociedad y creo que ha llegado el momento de modificar la legislación en ese sentido”. El legislador norteño apuntó que “no podemos permitir que estas cosas se presten para el manoseo y para el descreimiento de las instituciones”. Consultado si la elección del exministro Troyano puede ser interpretada como una demostración de poder por parte del gobernador, Valenzuela respondió que “si esto es así, parecería una torpeza”. Y agregó que sería “una demostración de poder riesgosa porque se estaría poniendo en riesgo el prestigio de una institución como la Justicia”.
Los cuestionamientos a Troyano no solo surgieron por su desempeño como ministro de Seguridad, sino porque fue elegido para el cargo de fiscal pese a haber obtenido el puntaje más bajo de los postulantes.