¿Se acuerda de Magoya? Sí, ese al que también conocen como Montoto o Mongo Aurelio. Bueno, parece que se descubrió que es el único responsable de haber hecho un zafarrancho con las remuneraciones de los prefectos. Los ministros que pusieron a la firma de la Presidente el decreto N§ 1307, demostraron que ninguna responsabilidad les cabe. Magoya habría actuado en complicidad con 20 Generales, que fueron rápidamente decapitados (figurativamente). No se entiende bien porque puede hacerse pagar a justos por pecadores; un viejo principio del derecho romano nos dice “que no hay responsabilidad sin culpa”. Nadie explicó cual es la responsabilidad que se les endilga.
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¿Se acuerda de Magoya? Sí, ese al que también conocen como Montoto o Mongo Aurelio. Bueno, parece que se descubrió que es el único responsable de haber hecho un zafarrancho con las remuneraciones de los prefectos. Los ministros que pusieron a la firma de la Presidente el decreto N§ 1307, demostraron que ninguna responsabilidad les cabe. Magoya habría actuado en complicidad con 20 Generales, que fueron rápidamente decapitados (figurativamente). No se entiende bien porque puede hacerse pagar a justos por pecadores; un viejo principio del derecho romano nos dice “que no hay responsabilidad sin culpa”. Nadie explicó cual es la responsabilidad que se les endilga.
Esto de voltear cúpulas militares parece un deporte “K”, ya se había practicado con todas las otras fuerzas armadas; sin distinguir -claro está- si se trataba de militares de hondo sentir democrático (fruto de la paranoia de pensar que todos los milicos son golpistas, como probadamente lo son los estudiantes de Harvard, los medios, la gente de campo, la clase media y ahora los queridos gendarmes). Sería interesante que el Gobierno pensara, antes de tomar apresuradas decisiones de esta naturaleza, en los millones que invierte el Estado, en estos cientos de oficiales superiores, cuyo costo de formación y haberes de retiro son financiados por todos los ciudadanos...
La cuestión salarial pone en escena un complejo laberinto de adicionales y complementos, por los que nadie sabe, en definitiva, cuanto gana. Al igual que sucede en muchas reparticiones del Estado, las enormes sumas en negro que cobran los efectivos de las fuerzas les impide acceder a créditos bancarios y les resta una gran cantidad de plata para sus futuras jubilaciones. A esta altura ya no se engaña a nadie: las sumas que se abonan como contraprestación del trabajo son remunerativas, por más que se las haya disfrazado de beneficios sociales, tickets canasta, vales alimentarios, complementos, adicionales y -por último- “asignaciones no remunerativas”. El Estado Nacional se ha convertido en el empleador más fraudulento del país, fomentando las remuneraciones “en negro” y las formas más tramposas de contratación (locaciones de servicio, de obra, pasantías, plantas temporarias, etc.). El gobierno comete fraude contra si mismo, contra sus dependientes y contra los argentinos en su conjunto.
Sindicalización imperfecta
Cuando, cada tanto, se produce algún conflicto en el ámbito de las fuerzas de seguridad se suscita el interrogante sobre la sindicalización de sus integrantes y sobre la posibilidad de ejercer el derecho de huelga.
En la Argentina rigen limitaciones a la sindicalización del personal de las fuerzas armadas y las de seguridad, tanto debido a la legislación local como a los tratados internacionales a los que adhirió nuestro país. En ese sentido, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratifica la plena vigencia del derecho a asociarse libremente, pero preservando la restricción legal al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
En reiteradas oportunidades, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se expidió sobre el tema, recordando que la tarea de la seguridad que la ley impone a las Fuerzas Armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías.
Sin embargo, a nivel internacional, existe una tendencia a permitir la constitución de sindicatos policiales. Hasta ahora, este tipo de sindicalismo, tanto en EE.UU., Alemania, Francia, Israel, entre otros, no ha afectado la seguridad de la sociedad. Aunque los estados pueden imponer restricciones a ciertos derechos fundamentales para ciertas profesiones o actividades, éstas sólo encontrarán justificación en cuanto sean proporcionales a los fines constitucionales y de derechos humanos elementales al servicio por prestar. Por ello este sector se incorpora a lo que llamaríamos sindicalismo “imperfecto” ya que no goza de todos los derechos gremiales, particularmente el derecho de huelga.
Creemos que esa experiencia internacional demuestra que es posible y necesario establecer algún mecanismo que permita canalizar los reclamos laborales de este sector. No es válido el argumento de que se altera la jerarquía de mandos, ya que la experiencia demuestra que la falta de contención sindical, produce -precisamente- el drástico quiebre de la cadena de mandos. Obviamente, esta sindicalización no puede implicar la facultad de recurrir a medidas de acción directa; de hecho esta posibilidad no ha sido admitida por ningún país del mundo.