Lejos de apaciguar los ánimos, los pases a disponibilidad de ocho uniformados tensaron más aún el conflicto de los prefectos y gendarmes que ya lleva siete días. De los integrantes de las fuerzas de seguridad sancionados, dos de ellos son salteños. Se trata del sargento Aníbal Franco y el comandante José Muhando quienes recibieron los respectivos telegramas en sus domicilios. Mientras, con menos gente en las protestas, los uniformados no pierden las expectativas y esperan mañana una propuesta conciliadora por parte del Gobierno nacional para levantar la protesta que conmocionó al país.
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Lejos de apaciguar los ánimos, los pases a disponibilidad de ocho uniformados tensaron más aún el conflicto de los prefectos y gendarmes que ya lleva siete días. De los integrantes de las fuerzas de seguridad sancionados, dos de ellos son salteños. Se trata del sargento Aníbal Franco y el comandante José Muhando quienes recibieron los respectivos telegramas en sus domicilios. Mientras, con menos gente en las protestas, los uniformados no pierden las expectativas y esperan mañana una propuesta conciliadora por parte del Gobierno nacional para levantar la protesta que conmocionó al país.
El pase a retiro de los voceros de los huelguistas o “amotinados” como los califica el Gobierno significó más una declaración de guerra que un llamado de atención para los uniformados. “Esto es represión” advirtió ayer Raúl Maza, uno de los voceros más mediáticos que tuvo el conflicto.
En este marco es que el suboficial castigado señaló que en lugar de entablar un diálogo para solucionar la protesta el Gobierno “termina reprimiendo”.
Asimismo, reiteró que con las sanciones aplicadas al menos a ocho gendarmes el Gobierno “violó el acuerdo” verbal que tenían con el secretario de seguridad, Sergio Berni.
Cabe recordar que la protesta también dejó al desnudo la fuerte interna entre el número uno y dos de la cartera de Seguridad, es decir entre Nilda Garré y Sergio Berni. De hecho, diversas fuentes señalan que Garré tiene contadas las horas al frente del ministerio.
Lo cierto es que hasta el momento, pese a la necesidad política y al pedido del Gobierno para que los uniformados abandonen la protesta, hasta a último momento no hubo ninguna propuesta que encamine a la resolución del conflicto. Los gendarmes y prefectos reclaman un sueldo básico neto de 7 mil pesos.
De hecho, las sanciones caldearon el escenario. El recrudecimiento de la tensión se vivió también en el interior. En Jesús María, Córdoba, donde los gendarmes que habían levantado la protesta decidieron retomarla después de que se conociera el pase a disponibilidad de dos agentes locales, según informaron los medios de esa localidad. Anteanoche se supo que otros dos suboficiales habían recibido el mismo castigo en Corrientes.
“Va a haber una respuesta”
“Va a haber una respuesta” de la Nación dijo contundente el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. El funcionario justificó las sanciones al sostener que “tienen que ver con lo que todo el arco político dijo” al referirse al pedido de que dejaran de protestar en la calle y continuaran por otros medios cuando el Gobierno rectificó la liquidación de salarios a la bajada aplicada en línea con el decreto presidencial 1307/12. López prometió que se investigará si la alteración de la liquidación de sueldos fue “adrede o por ignorancia”. Y argumentó que “alguien hizo una muy mala liquidación interpretando mal un decreto que tuvo en vilo al país ante una, entre comillas, “sublevación” de Prefectura y Gendarmería”.
Temen “un efecto contagio”
El mayor temor del Gobierno pasa hoy por la posibilidad de un “efecto contagio” y que las protestas por un salario digno se extiendan por todo el país y en diversos ámbitos. De hecho, antes del sorpresivo reclamo de prefectos y gendarmes, la CTA de Pablo Micheli ya había anunciado un paro nacional para pasado mañana.
La protesta contará con la presencia del líder camionero Hugo Moyano y diversas organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Movimiento Socialista de Trabajadores. A su vez, participarán la Federación Agraria y la Federación Universitaria Argentina por lo que se espera un importante marco de público.
Es en este marco que Berni prometió para mañana una respuesta al petitorio. Sin embargo, según dejaron trascender fuentes de la cartera de Seguridad, se está intentando “una readecuación financiera a través de un incremento de suplementos” que no se sumarían al pedido de blanqueo, situación que genera desconfianza.
Es que la orden de la Presidenta, un tanto ofuscada con el complicado cuadro político que debió enfrentar esta semana habría sido sencilla: “Quiero que arreglen el conflicto, pero no generen otro”. En ese sentido su temor pasaría por el “efecto contagio” de las protestas.