“Los reclamos de tierras deben resolverse dentro del marco del derecho y no con actos de violencia”, sostuvo el juez penal de Metán, Mario Teseyra, sin ocultar su preocupación por la forma en que se dirimen las disputas de posesiones en la frontera de Salta con Santiago del Estero. Allí, como advirtió El Tribuno el 24 de agosto y el 2 de septiembre, grupos armados hostigan a campesinos de Anta, que terminan expulsados de las tierras que ocupan desde cuatro o cinco generaciones atrás, cuando no con un tiro en el pecho.
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“Los reclamos de tierras deben resolverse dentro del marco del derecho y no con actos de violencia”, sostuvo el juez penal de Metán, Mario Teseyra, sin ocultar su preocupación por la forma en que se dirimen las disputas de posesiones en la frontera de Salta con Santiago del Estero. Allí, como advirtió El Tribuno el 24 de agosto y el 2 de septiembre, grupos armados hostigan a campesinos de Anta, que terminan expulsados de las tierras que ocupan desde cuatro o cinco generaciones atrás, cuando no con un tiro en el pecho.
Esto le sucedió a Sixto Ruiz el pasado 1 de julio cuando él y otros dos puesteros criollos de La Choya, los hermanos Eduardo y Timoteo Argañaraz, se toparon con un grupo de alambradores dentro de esa finca. El primero en reprocharles su condición de “usurpadores” fue Ruiz, que por ello recibió un disparo a sangre fría. La bala entró por el pecho, rozó el corazón y salió por la región dorsal. El lugareño llegó desangrado al hospital de Joaquín V. González, donde apenas pudieron salvarle la vida, aunque aún sobrelleva una penosa convalecencia.
En el lugar, la Policía secuestró horas varias armas, entre las que resaltaba un rifle alemán con mira telescópica, además de un DNI que llevó a la detención de José Luis Palavecino en la localidad santiagueña de Monte Quemado.
El presunto agresor, conocido en esa zona por promocionar servicios de “alambrados, picadas, custodia de campos y desalojos” con tarjetas personales, sigue recluido en Metán, a disposición del juez Teseyra.
La situación procesal
Tras la inspección ocular que hará en La Choya el próximo jueves, con agentes de Criminalística, el magistrado resolverá la situación procesal del imputado, quien enfrenta cargos por tentativa de homicidio. El juez penal también definirá la semana entrante la responsabilidad de Marcelo Saad, el empresario santiagueño que contrató los servicios de Palavecino cinco días antes de que este “desalojador” le disparara a Ruiz.
El mismo empresario asumió la relación en el escrito que presentó el 4 de julio ante el juez correccional de Metán, Sebastián Fucho, pidiendo el levantamiento de la medida cautelar que impedía avanzar con los alambrados en La Choya. En esa presentación, Saad esgrimió derechos sobre la finca de casi 3.000 hectáreas en el sur de Salta, y en la que una familia criolla encabezada por María Guillermo Argañaraz acredita constancias de una larga, continuada y pacífica posesión iniciada por su abuelo a fines del siglo XIX.
Una escritura de 1960
El empresario santiagueño empezó a disputarles esas tierras a los Argañaraz hace tres meses, con una escritura de 1960, en la que su abuelo ya fallecido, Abraham Safir Saad, figura como comprador de una fracción identificada como “Choya” a la empresa Quebrachales Asociados del Norte. Llamativamente, en esa acta notarial la finca figura con superficie y matrícula distintas a las del plano que acredita la familia Argañaraz, en base a un acta de mensura de 1949, cuando toda la superficie de esa posesión aún pertenecía a la jurisdicción de Santiago del Estero.
A fines de 1980, por un acuerdo convalidado mediante ley 22347, el límite de ambas provincias fue corrido desde la Picada de Olmos al Canal de Dios, con lo que varias fincas de la zona quedaron con fracciones sobre ambos lados de la nueva línea fronteriza. La Choya, puntualmente, quedó con 3.054 hectáreas en Salta y 700 en Santiago del Estero.