Son 146 kilómetros que costarán más de 524 millones de pesos. Se estima que cada kilómetro de asfalto rondará en los 3,6 millones de pesos. Tal vez por esa razón siempre estuvo envuelta en polémica la pavimentación de la ruta provincial 54, arteria vital del Chaco salteño y puerta de acceso a uno de los municipios más pobres de la Argentina: Santa Victoria Este, en la triple frontera que tiene el departamento Rivadavia sobre los límites con Bolivia y Paraguay.
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Son 146 kilómetros que costarán más de 524 millones de pesos. Se estima que cada kilómetro de asfalto rondará en los 3,6 millones de pesos. Tal vez por esa razón siempre estuvo envuelta en polémica la pavimentación de la ruta provincial 54, arteria vital del Chaco salteño y puerta de acceso a uno de los municipios más pobres de la Argentina: Santa Victoria Este, en la triple frontera que tiene el departamento Rivadavia sobre los límites con Bolivia y Paraguay.
Ayer se firmó el contrato por las obras que deberían tardar 36 meses y que fueron cuestionadas por la oposición, que entendía que podrían existir sobreprecios.
“Es la obra más emblemática del Fondo de Reparación Histórica (FRH), no sólo por su volumen sino por el monto de inversión, la complejidad técnica, su extensión y porque sintetiza la filosofía por la que se creó el FRH: la concepción de una Salta más justa e integrada, más desarrollada, más armónica y que queda expresado con absoluta claridad”, dijo ayer al estampar su firma el director del FRH, Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de la Provincia.
El Gobierno provincial adjudicó las obras de la ruta que une Campo Durán, Santa María, Santa Victoria y Misión La Paz en septiembre pasado. Los beneficiados fueron la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Ingeniero Medina, Moncho y Noroeste Construcciones. “Resulta la más conveniente a los intereses del Estado, con un precio que implica una disminución con respecto al presupuesto oficial del 0,09%”, se dijo oficialmente en ese momento.
En mayo, un pedido de intervención elevado por legisladores a la Auditoría General fue desestimado, en el entendimiento de que ese organismo de control externo está llamado a actuar sobre actos o procesos consumados. Con la adjudicación ya sellada, no se descarta un nuevo pedido de intervención desde la Legislatura. Los legisladores de la oposición denunciaban “un posible sobrecosto del 90% en las obras y un direccionamiento a favor del adjudicatario”.