Un giro de 180 grados experimentó la situación judicial de la orden de remate dispuesta ayer por la jueza Gloria Martearena para el estadio de Juventud Antoniana, por una deuda de 600 mil pesos, a raíz de un juicio laboral del exayudante de campo de Néstor Choque, Miguel Rodríguez. Hoy, aún antes de que ambas partes arriben a un acuerdo por el pago de dicha deuda, otra medida judicial ofició como maniobra de salvataje para evitar la peor de las catástrofes: el remate del Honorato Pistoia.
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Un giro de 180 grados experimentó la situación judicial de la orden de remate dispuesta ayer por la jueza Gloria Martearena para el estadio de Juventud Antoniana, por una deuda de 600 mil pesos, a raíz de un juicio laboral del exayudante de campo de Néstor Choque, Miguel Rodríguez. Hoy, aún antes de que ambas partes arriben a un acuerdo por el pago de dicha deuda, otra medida judicial ofició como maniobra de salvataje para evitar la peor de las catástrofes: el remate del Honorato Pistoia.
En la jornada matutina de hoy emergió la figura de Víctor Daniel Ibáñez. Este magistrado es juez de Concursos y Quiebras Número 1, y por ende, como el club figura entre aquellos que se encuentran en situación de convocatoria de acreedores, está facultado para intervenir en todas las causas que afecten al pasivo del Centro Juventud Antoniana, entre ellas, la del juicio de Rodríguez que desembocó en una deuda desorbitante imposible de frenar en el transcurso de diez años.
Ibáñez, quien ya tenía anteriormente bajo su tutela la causa del concurso de quiebras y tiene la causa por el concurso preventivo de acreedores, intervino oportunamente hoy para evitar el remate del principal bien del antoniano, según le informó a El Tribuno una fuente judicial. La figura legal que grafica la facultad de Ibáñez para intervenir se denomina "fuero de atracción", es decir, que la deuda del club con Rodríguez quedará enmarcada dentro del proceso de concursos y quiebras y a cargo del juez Ibáñez, y ya no bajo la injerencia de Gloria Martearena, quien había dispuesto anteriormente el remate. Es decir, como la deuda con Rodríguez es del año 2002, anterior al concurso de acreedores, el citado letrado tomó intervención, se hizo cargo de la causa e impidió el remate.
¿Y ahora? El remate del santuario queda sin efecto, pero de manera provisoria, ya que la amenaza de remate seguirá latente hasta que el club no desembolse los 600 mil pesos o no acuerde una forma de pago con el demandante, en este caso, Miguel Rodríguez o su apoderado, el doctor Palacios.