En una consecuencia directa del fallo del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagarle toda la deuda a un fondo buitre, el Gobierno habló ayer por primera vez de la posibilidad de reabrir el canje de deuda para los bonistas que no entraron en 2010 El ministro de Economía, admitió ayer que el Gobierno podría impulsar la reapertura del canje de deuda, si la Cámara de Apelaciones de Nueva York considera la posibilidad de un acuerdo con quienes no ingresaron en ese mecanismo. Para el funcionario, una propuesta similar al canje de 2010 “iría en línea con los antecedentes jurídicos de nuestro país y sería pasible de ser debatido en el Congreso”.
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En una consecuencia directa del fallo del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagarle toda la deuda a un fondo buitre, el Gobierno habló ayer por primera vez de la posibilidad de reabrir el canje de deuda para los bonistas que no entraron en 2010 El ministro de Economía, admitió ayer que el Gobierno podría impulsar la reapertura del canje de deuda, si la Cámara de Apelaciones de Nueva York considera la posibilidad de un acuerdo con quienes no ingresaron en ese mecanismo. Para el funcionario, una propuesta similar al canje de 2010 “iría en línea con los antecedentes jurídicos de nuestro país y sería pasible de ser debatido en el Congreso”.
Lorenzino calificó de “irracional y contrario a derecho” el fallo de la Justicia norteamericana que ordena a la Argentina pagarle a los fondos buitre.
“Una fórmula de pago como la que propuso Griesa es absolutamente contraria a todo principio de sentido común y a las leyes de la Argentina”, se quejó el funcionario. En declaraciones radiales, Lorenzino remarcó que el fallo del magistrado norteamericano “no es de sentido común. Por eso está en pleno tramité de apelación”.
Y resaltó que “lo que estamos pidiendo es que la medida esté suspendida. Esperamos tener una respuesta de la Cámara, porque el fallo de Griesa es irrazonable”.
Evaluó que la orden judicial es “absolutamente irracional y contrario a derecho”. Además, afirmó que Griesa “se arroga derechos sobre los terceros que intervienen en el pago y que están basados en cualquier lugar del mundo”, al hacer referencia a la posibilidad de que se embargue el dinero que Argentina debe abonar el mes que viene a los tenedores que aceptaron el canje.
El lunes el Gobierno apeló el fallo de Griesa, que favoreció a los fondos buitre, al ordenar a la Argentina depositar 1.330 millones de dólares en una cuenta en custodia antes del 15 de diciembre. Además de la apelación, grupos de bonistas que entraron al canje reclamaron al Tribunal de Apelaciones norteamericano que revoque la medida. Si la apelación no prospera, en la Casa Rosada evalúan una nueva instancia, que es presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero si no logra resolverse la cuestión judicial en los tribunales de ese país, la Argentina recurriría a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
| El 93 por ciento de los bonistas entró al canje de deuda de 2005 y 2010 con recortes de hasta el 70 por ciento en sus acreencias: solo el 7 por ciento no aceptó ingresar por considerar insuficiente la propuesta. Son los fondos especulativos (llamados fondos buitre) que se dedican a comprar a muy bajo valor bonos de las deudas de países en bancarrota para después cobrar por vía judicial cifras mucho más elevadas. El fallo de Griesa, que obliga a pagar sin quita los más de 3.100 millones de dólares antes del 15 de diciembre, rige para un solo fondo buitre, el NML. Sin embargo, podría provocar un efecto en cadena de parte de los otros bonistas que no entraron al canje. En relación a la mayoría de los tenedores de deuda, los que aceptaron fuertes descuentos, mostraron críticas al dictamen de Griesa. Ocurre que existe temor de esos acreedores por un posible embargo de los fondos que deben cobrar en diciembre si no se les paga a los capitales especulativos. Esto es así porque Griesa decidió que una parte de ese dinero sea usada para cancelar con los fondos buitre. Si Argentina no abona esos 3100 millones de dólares, cosa que adelantó que no hará, podría entrar en default técnico, ya que mientras dure la apelación el fallo continúa vigente. Esa situación podría provocar la activación de los pagos de seguros contra default. Además, está la posibilidad de que se derrumben los títulos públicos, lo que dispararía la tasa de interés soberana y afectaría el financiamiento a las provincias. |