La causa de Vanina Alderete podría llegar por medio de un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación según adelantó el abogado de la joven, Rubén Oscar Juárez. La víctima perdió a su mamá y a sus dos hermanos en un caso de violencia familiar y el Poder Judicial de Salta consideró que debe cobrar una indemnización por la negligencia del Estado pero el fallo todavía no quedó firme.
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La causa de Vanina Alderete podría llegar por medio de un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación según adelantó el abogado de la joven, Rubén Oscar Juárez. La víctima perdió a su mamá y a sus dos hermanos en un caso de violencia familiar y el Poder Judicial de Salta consideró que debe cobrar una indemnización por la negligencia del Estado pero el fallo todavía no quedó firme.
La Corte de Justicia de Salta decidió que Vanina Alderete tiene que recibir 700.000 pesos más intereses, un monto inferior al millón de pesos más intereses que debía percibir de acuerdo a lo que había dispuesto en primera instancia de la jueza Mónica Faber.
El defensor de Vanina presentó un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demanda que quede vigente el criterio de Faber.
Ahora la Corte de Justicia de Salta debe determinar si habilita la posibilidad de que el caso se resuelva en el máximo tribunal del país. Si no le concedieran esta alternativa, Juárez adelantó que presentará un recurso de queja para lograr el objetivo de llevar la causa a la Corte Suprema.
“La Provincia había pedido la nulidad de la sentencia que ordenó la indemnización pero la Corte de Justicia de Salta resolvió bajar el monto, algo que nadie había solicitado”, señaló el letrado a El Tribuno.
La jueza correccional Mónica Faber había considerado que el Estado debía pagarle a la joven un millón de pesos más intereses por la responsabilidad del Estado.
Sin embargo, el Gobierno de Salta apeló el fallo y la Corte local estableció que el resarcimiento debía ser de 700.000 pesos más intereses.
Vanina Alderete tiene 20 años. En agosto de 2004 su papá asesinó a su mamá y a su dos hermanos menores y la lastimó a ella.
La madre de los chicos, Rosana Alderete, había advertido cinco veces a la Policía que su marido la golpeaba y amenazaba, pero no se tomaron medidas preventivas.
Evalúan un embargo
Rubén Oscar Juárez aseguró que analiza la posibilidad de pedir que se embarguen bienes de la Provincia para garantizar el pago a la víctima. El defensor ya había difundido que ésta era una de las posibilidades que manejaba.
Tras el fallo que le ordenó entregar 700.000 pesos a la víctima, el Gobierno de Salta informó que acataría la decisión de la Justicia. Sin embargo, después también decidió presentar un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema reconsidere si corresponde el pago.
El monto que debería cobrar Vanina Alderete de acuerdo a la resolución de la Corte provincial es de 700.000 pesos, pero supera el millón con los intereses desde 2004.
Para Natalia Buira es un hecho de violencia institucional
La defensora oficial civil número cuatro Natalia Buira cuestionó la decisión del Gobierno de Salta de apelar en contra del fallo que ordenó indemnizar a Vanina Alderete por la muerte de su madre y sus dos hermanos.
“La interposición del recurso extraordinario federal por parte de la Provincia... pretextando que es su obligación cuidar las arcas públicas en un caso de responsabilidad estatal establecida por la Corte de Justicia de Salta demuestra la violencia institucional del Estado hacia las mujeres”, consideró la funcionaria.
Buira se refirió al tema al hacer un análisis por el día internacional para prevenir las agresiones al género femenino, que se conmemoró el domingo. Vanina Alderete perdió a su madre y a sus hermanos de 6 y 8 años. Su padre, Alberto Yapura, también la hirió a ella, aunque logró escapar. El caso ocurrió el 28 de agosto de 2004 en una humilde vivienda del barrio Martín Miguel de Güemes.
La defensora consideró que el Estado omite su obligación constitucional de prevenir la agresión hacia las mujeres y que, además, es responsable de “acciones directas que echan por tierra el derecho a vivir una vida libre de violencias”.