En nuestra edición del 30 de mayo de este año el título principal de su página central anunciaba que “desde el 6 de junio todos los salteños estarán bajo vigilancia”. ¿Qué iba a suceder ese día? ¿Entraría en vigencia un régimen stalinista? No, no estaríamos a merced de un resucitado Lavrenti Beria, pero no andaríamos lejos pues ese día de junio comenzaría a ser aplicado el nuevo Código Procesal Penal, instrumento concebido para limitar los derechos y la libertad de los ciudadanos.
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En nuestra edición del 30 de mayo de este año el título principal de su página central anunciaba que “desde el 6 de junio todos los salteños estarán bajo vigilancia”. ¿Qué iba a suceder ese día? ¿Entraría en vigencia un régimen stalinista? No, no estaríamos a merced de un resucitado Lavrenti Beria, pero no andaríamos lejos pues ese día de junio comenzaría a ser aplicado el nuevo Código Procesal Penal, instrumento concebido para limitar los derechos y la libertad de los ciudadanos.
Este flamante Código, inspiración del Ejecutivo, había sido aprobado, a fines de 2011, por las obedientes mayorías uturbeístas del Senado y Diputados.
Y sobre llovido, mojado. La mencionada aprobación legislativa blanqueó, como se dice, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que había sido creado con anterioridad mediante discutibles resoluciones de la Procuración General de la Provincia (léase Ministerio Público) que dirige, anima y digita su titular Pablo López Viñals, por supuesto que con el visto bueno del Grand Bourg.
Las normas del nuevo Código en vigencia, de acuerdo con prestigiosos penalistas, estarían cerca de propiciar posibles violaciones a derechos, garantías y principios establecidos constitucionalmente. Y también permite que los fiscales del CIF ocupen el lugar de los jueces de instrucción en las indagatorias. Y otras cosillas como que esos fiscales, auxiliares de fiscalía y policías puedan investigar a cualquier individuo que se estime sospechoso de algún supuesto delito, sin que ese individuo ni un juez de garantías tengan posibilidad de enterarse de lo que sucede hasta después de 35 días de iniciada la investigación. Y para más, el mismo fiscal investigador y encargado de reunir pruebas contra un ciudadano será quien después lo interrogue.
El CIF, o Cuerpo de Investigaciones Fiscales, es la espada punzante del Ministerio Público, o Procuración General de la Provincia, que de ambas maneras se puede y debe decir, organismo cuyo máximo objetivo es reemplazar en sus funciones al Poder Judicial, y servir sin escollos al poder político que lo alienta. Para ello busca, entre otros intentos, desprestigiar a la Corte y a sus miembros, o colocar espías en sus filas.
Pablo López Viñals y el gobernador Juan Manuel Urtubey no se dan reposo en esta tarea en la que colaboran algunos legisladores afines a sus propósitos.
El CIF incorporó a un grupo de nuevos fiscales penales entre los que figuran su directora, Gabriela Buabse, que puso su firma en un informe cuestionado en todo el país, y Maximiliano Troyano, también críticamente conocido por sus desafortunadas opiniones en casos de violencia y abuso sexual contra mujeres, cuando era ministro de Seguridad. No se aprecia de qué forma ambos contribuirán a la buena fama del Cuerpo. Los senadores urtubeístas no perdieron tiempo en consideraciones, y sin tardanza aprobaron los respectivos pliegos de Troyano y Buabse, y de otros más, que fueron enviados por el señor gobernador. Primero obedecer, después se verá. ¿Orsai? A quién le importa!
Ah! No estará Beria, pero qué parecido es todo esto, ¿no?