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El Senado rechazó el acuerdo para Bavio como juez federal

Miércoles, 12 de diciembre de 2012 23:20

El Senado de la Nación rechazó de forma definitiva el acuerdo para el actual juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio. Luego de tres meses desde que el letrado se defendiera de las impugnaciones a sus vínculos y dependencias políticas del Poder Ejecutivo salteño, la Comisión de Acuerdos consideró que “el Dr. Bavio no aparece con la idoneidad que el cargo al que aspira requiere”.

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El Senado de la Nación rechazó de forma definitiva el acuerdo para el actual juez federal subrogante Julio Leonardo Bavio. Luego de tres meses desde que el letrado se defendiera de las impugnaciones a sus vínculos y dependencias políticas del Poder Ejecutivo salteño, la Comisión de Acuerdos consideró que “el Dr. Bavio no aparece con la idoneidad que el cargo al que aspira requiere”.

Bavio y Aguilar

El dictamen pone especial acento en la intervención del postulante en la reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista, ocurrida en 2009, apenas él había asumido como subrogante, cuando el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey impulsó la creación de una Comisión de Acción Política para controlar el partido.

Esa maniobra fue denunciada ante los senadores por el dirigente Jorge Nelson Montoya. A esto se sumó la impugnación planteada por el dirigente Víctor Hugo Belmont, quien advirtió sobre la relación de Bavio con el abogado Horacio Aguilar, un ex magistrado que dejó la Cámara Federal para dedicarse a asesorar al gobernador Urtubey, de quien además es amigo personal.

En septiembre, Bavio compartió una nómina de postulantes presentados por la presidenta para cargos en la Justicia Federal y el suyo fue uno de los pocos que no logró acuerdo.

El 29 de noviembre, la Comisión de Acuerdos se pronunció en forma definitiva. El dictamen fue firmado por los integrantes del órgano, Salvador Cabral, Miguel Pichetto, Carlos Verna, Alfredo Martínez, Pablo González, Juan Manuel Irrazábal, Beatriz Rojkes de Alperovich, María Laura Leguizamón, Gerardo Rubén Morales, Walter Barrionuevo, Horacio Lores y Adolfo Rodríguez Saá.

El jueves, el plenario de la Cámara alta aprobó por unanimidad el dictamen de comisión.

El Juzgado Federal 1 de Salta está vacante desde 2008, cuando su anterior titular, Abel Cornejo, se incorporó a la Corte provincial.

El año pasado la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, había enviado el pliego del abogado tucumano Edgardo López Herrera, quien había obtenido el puntaje más alto. Cuando era inminente el acuerdo, desde la Presidencia retiraron del Senado la nominación, a instancias del gobernador Urtubey, quien siguió impulsando el nombre del subrogante.

Falta de independencia

Al mencionar la presentación de Belmont, el dictamen destaca que, según el dirigente justicialista, Bavio no es “independiente por el ascendiente moral que ejerce sobre él el doctor Aguilar, quien a su vez es amigo personal y asesor del señor gobernador...”.

También recuerda la Comisión, citando a Belmont, que Aguilar, como miembro de la Cámara Federal, participó de la designación de Bavio como subrogante vulnerando la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Se señala que Bavio aceptó la designación a sabiendas de que era irregular.

Se mencionan cuatro causas en las cuales intervino como subrogante. Una de ellas se refiere al otorgamiento de una medida cautelar contra el Estado nacional a favor de una representada por Aguilar; también se incluye la intervención que facilitó la reforma irregular de la Carta Orgánica del Partido Justicialista; la demolición de una vivienda particular donde supuestamente se vendía droga, en Villa Juanita, y la intervención en la causa de narcopolicías, donde Gabriel Giménez aseguró haber sido involucrado por negarse a seguir interviniendo líneas telefónicas por orden del Gobierno.

El dictamen analiza los descargos planteados por Bavio, quien negó vínculos con Aguilar y con Urtubey, y concluye que “de los antecedentes cotejados” se desprende que el doctor Bavio no aparece con la idoneidad que requiere el cargo de juez federal y, en consecuencia, el Senado no presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designarlo.

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