No puedo menos que compartir la indignación que ha producido la impunidad con la que se ha cerrado una primera etapa del caso Marita Verón. El fallo de la justicia tucumana, cuyos fundamentos no se han dado a conocer aún, provoca en la ciudadanía justificado estupor y una sensación de impotencia.
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No puedo menos que compartir la indignación que ha producido la impunidad con la que se ha cerrado una primera etapa del caso Marita Verón. El fallo de la justicia tucumana, cuyos fundamentos no se han dado a conocer aún, provoca en la ciudadanía justificado estupor y una sensación de impotencia.
Con la frivolidad que viene resultando habitual, la Presidenta de la Nación ha visto en la sentencia una oportunidad para llevar agua a su particular molino. Vale decir, para sumar argumentos en contra de los jueces a los que pretende sumisos al poder político.
Puede que el tribunal tucumano no valorara adecuadamente las pruebas producidas en la causa. Puede incluso que hicieran aplicación extensiva del principio que manda absolver al reo en caso de duda. Pero para corregir cualquiera de ambas situaciones, el ministerio público y los acusadores particulares disponen de los recursos previstos en la legislación procesal penal.
Sin embargo, mi indignación frente al caso tiene como destinatarios al gobierno de Tucumán en su calidad de responsable de la Policía y de la seguridad de los vecinos. Son esos órganos administrativos lo que se han revelado incapaces de liberar a Marita Verón, de esclarecer su desaparición, de llevar adelante una investigación que arrime a los jueces pruebas contundentes para castigar a los delincuentes que atentaron contra ella.
Sólo la demagogia más brutal puede ocultar esto y descargar responsabilidades en los jueces, sin asumir las propias. Es lo que acaba de hacer, fiel a su estilo, el señor Gobernador de Tucumán.
Muchos ciudadanos ignoran las terribles consecuencias que se siguen de la destrucción de la independencia del Poder Judicial y del desprestigio de los jueces, dos objetivos por los que trabajan sin descanso las primeras espadas del Gobierno.
Vivimos una situación en donde muchos jueces, sobre todo en el fuero penal encargado de los casos que rozan la política o interesan a los políticos, se desvelan por quedar bien con los gobiernos de turno: desde los “jueces de la servilleta”, a los “jueces del señor Fernández”. Son muchos los casos en donde las resoluciones judiciales se dictan atendiendo a los intereses (ciertamente espurios) de los gobernantes. Y esto refuerza la desconfianza ciudadana.
El caso Marita Verón muestra en toda su crueldad las consecuencias de políticas de seguridad que condujeron a policías ineficaces, mal preparadas y desmoralizas. Las consecuencias de un discurso que tiene en el “Vatayón Militante” y en el auge del tráfico y comercialización de la droga dos de sus expresiones macabras.
En vez de clamar, cínicamente, para que la venganza y los linchamientos desplacen a la Justicia, el Gobierno de la Nación y los Gobiernos de Provincia deben retirar sus garras del Poder Judicial. Simultáneamente, deberían profesionalizar las policías y dotarlas de los medios tecnológicos necesarios para luchar contra el crimen en todas sus manifestaciones.
Por otra parte, los jueces están obligados a tomar conciencia de su situación de descrédito, de las amenazas que se ciernen sobre su magistratura, y revolverse contra amenazas y presiones.
Las fuerzas políticas tienen la indelegable responsabilidad de encontrar el modo de conformar los Consejos de la Magistratura como órganos independientes e integrados por personas honorables y cualificadas para tamaña tarea.
Nos encontramos frente a una encrucijada en donde los excesos de la “ideología garantista” (que nada tiene que ver con las brillantes propuestas de FERRAJOLI y su escuela), pueden terminar aboliendo los principios fundamentales del derecho penal democrático. La re-introducción del “por algo será”, de la condena por sospecha, de la Inquisición y sus “causas generales” y, en definitiva, la reunión en cabeza de Presidentes y Gobernadores del poder de legislar, ejecutar y juzgar, son amenazas movilizadoras de las conciencias republicanas.