Desde enero se presentaron en Salta más pedidos de quiebras que en los dos años anteriores. El dato en sí no refleja la salud de la economía, pero se suma a otros síntomas de un escenario recesivo.
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Desde enero se presentaron en Salta más pedidos de quiebras que en los dos años anteriores. El dato en sí no refleja la salud de la economía, pero se suma a otros síntomas de un escenario recesivo.
En lo que va de 2012 los juzgados 1 y 2 del Distrito Judicial del Centro recibieron 35 pedidos de concursos y 46 de quiebras. El año pasado fueron 24 y 16, respectivamente. En 2010 habían sido 24 los pedidos de concurso y 42 los de quiebra .
Los 187 expedientes judiciales abiertos en los últimos tres años representan un ínfimo porcentaje de las empresas que cerraron.
De acuerdo con el primer informe que publicó el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, en ese sector se registraron 742 cierres en 2011.
El economista Eduardo Antonelli aclaró que los procesos concursales encierran sus particularidades y deben ser considerados a la par de otros indicadores de un escenario recesivo, con ralentización de la economía, restricción del gasto, retracción del consumo y menor incorporación de empleos.
En este contexto, el docente e investigador de la UNSa remarcó que las caídas en grandes grupos de producción de bienes (industrias, minería, hidrocarburos, sector forestal, ganadería) vienen siendo contrabalanceadas, hasta aquí, con un creciente gasto público (plantas estatales en aumento) y el turismo.
Antonelli recordó que el índice de confianza económica que mide la Fundación Económica de Desarrollo y Capacitación Regional (Fedecar) arrojó a mediados de 2012 el nivel más bajo desde 2008 en Salta.
Por su parte, Matías Sanz Navamuel, abogado especializado en concursos y quiebras, hizo notar que muchos de los procesos tramitados en Salta se relacionan con desajustes que esperan correcciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en las entidades bancarias de la plaza local.
“Pymes en situación regular que sobrellevan inconvenientes para poder cumplir con las cargas sociales y los impuestos no tienen acceso en la AFIP a planes de pago flexibles como los que sí tienen habilitados las empresas concursadas. Este injusto e irrazonable tratamiento, que aguarda una revisión, hace que muchos se presenten en concurso para poder tener acceso a una moratoria”, advirtió Sanz Navamuel.
Según advirtió el abogado, otra importante cantidad de presentaciones ante los juzgados de concursos y quiebras se relaciona con personas físicas sobreendeudadas con los bancos. “Son, en general, empleados públicos a los que les descuentan más del 50% de sus haberes, a través de débitos automáticos, por calificaciones incorrectas que acostumbran a realizar los bancos. Los organismos de defensa del consumidor deberían intervenir para evitar que persistan estas malas prácticas dentro del sistema financiero”, sugirió el letrado.