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Se realizan entre una y dos denuncias diarias por excesos policiales

Viernes, 28 de diciembre de 2012 01:25

 A pesar del espíritu corporativo de protección entre efectivos, en Salta se realizan entre una y dos denuncias diarias por atropellos, detenciones irregulares y excesos policiales.
Se estima que por año, en la Fiscalía de Causas Policiales se tramitan unas 400 causas. En el ámbito legislativo se asegura que muy pocas terminan con condenas.
Según informe de esa Fiscalía, entre la primera semana de junio y la primera quincena de agosto pasado se radicaron 167 causas por presuntos delitos cometidos por policías. El 70 % de estos expedientes se relacionan con imputaciones por apremios y torturas.
El sistemático atropello preocupa a la comunidad salteña y se reclama una solución por tratarse de un problema estrechamente vinculado con violaciones a los derechos humanos.
Este año, el Gobierno decidió reformar la Ley Orgánica Policial y puso a la profesionalización y a la aptitud psicológica como piedras basales para democratizar la fuerza, donde es evidente que hay efectivos, no todos, “cebados” porque sienten que el sistema le brinda impunidad.
El Gobierno también dispuso crear una oficina de Auditoría Interna para que el control a los policías lo hagan civiles.
Sin embargo, el esfuerzo que se realiza en ese sentido no tiene correlato y los atropellos y excesos continúan.
A la golpiza que un grupo de policías le propinó el último fin de semana al jugador de rugby, Gerónimo Saravia, se suman numerosos casos. (en ésta página se recuerdan algunos de ellos).

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 A pesar del espíritu corporativo de protección entre efectivos, en Salta se realizan entre una y dos denuncias diarias por atropellos, detenciones irregulares y excesos policiales.
Se estima que por año, en la Fiscalía de Causas Policiales se tramitan unas 400 causas. En el ámbito legislativo se asegura que muy pocas terminan con condenas.
Según informe de esa Fiscalía, entre la primera semana de junio y la primera quincena de agosto pasado se radicaron 167 causas por presuntos delitos cometidos por policías. El 70 % de estos expedientes se relacionan con imputaciones por apremios y torturas.
El sistemático atropello preocupa a la comunidad salteña y se reclama una solución por tratarse de un problema estrechamente vinculado con violaciones a los derechos humanos.
Este año, el Gobierno decidió reformar la Ley Orgánica Policial y puso a la profesionalización y a la aptitud psicológica como piedras basales para democratizar la fuerza, donde es evidente que hay efectivos, no todos, “cebados” porque sienten que el sistema le brinda impunidad.
El Gobierno también dispuso crear una oficina de Auditoría Interna para que el control a los policías lo hagan civiles.
Sin embargo, el esfuerzo que se realiza en ese sentido no tiene correlato y los atropellos y excesos continúan.
A la golpiza que un grupo de policías le propinó el último fin de semana al jugador de rugby, Gerónimo Saravia, se suman numerosos casos. (en ésta página se recuerdan algunos de ellos).

Prefiere no hablar más

“No voy a dar entrevistas con ningún medio más. No estoy acostumbrado a lo mediático”, señaló ayer Gerónimo Saravia a El Tribuno, en un nuevo intento de diálogo con quien sufrió los golpes más severos de la policía en la madrugada del sábado. El rugbier, quien no viajó de vacaciones como había trascendido, atendió amablemente a este medio, pero prefirió no hablar de lo ocurrido. “Yo declaré sobre el tema, no sé si eso es una denuncia” dijo tras aclarar que toda la cuestión judicial está en manos de su abogado. El joven, de 28 años, solo mantuvo una entrevista con Canal 11-Telefé el miércoles pasado.
La tortura de policías a jóvenes detenidos en una comisaría de General Guemes generó repudio nacional.
El Gobierno los denunció y los puso a disposición de la justicia.
Entonces, la ministra de Derechos Humanos, María Pace, descartó que se trate de una práctica sistemática y dijo que la Policía tiene un respeto irrestricto por los derechos humanos. Este aspecto también fue remarcado por el gobernador Urtubey ante la Asamblea Legislativa al asumir el segundo mandato: “ningún derecho humano será vulnerado jamás”, enfatizó.
Al tratarse la reforma de la Ley Orgánica Policial hubo reclamos por una norma que obligue a recibir denuncias contra policías. Se hizo notar que el sistema corporativo de protección obliga a familiares de víctimas a deambular por las comisarías. Otro tema que el oficialismo hizo oídos sordos en la Legislatura tiene que ver con la facultad policial para detener por averiguación de antecedentes.

El sumario está en la etapa inicial

El secretario de Seguridad, Federico Jovanovics (foto), reveló ayer que el sumario administrativo a los policías implicados en la salvaje golpiza al jugador de rugby, Gerónimo Saravia, se encuentra en la etapa inicial y que la misma avanzará en la medida que se vayan recolectando las pruebas.
Jovanovics aclaró que este sumario se sustancia en el ámbito administrativo para determinar las responsabilidades en lo que respecta a la agresión física, la de los oficiales a cargo del polémico operativo.
Sobre el caso en el ámbito de la justicia penal, el secretario de Seguridad provincial dijo que ya remitió todas las actuaciones a la Fiscalía de Causas Policiales, a cargo de Gustavo Vilar Rey, y ratificó que son 14 los efectivos suspendidos, a los que se suma el tercer jefe de la Unidad Regional Centro.

 

 Rodrigo Ríos (21 años), el volante central de Juventud Antoniana, sufrió una grave fractura en su pierna izquierda luego de recibir una brutal golpiza por parte de un grupo de policías en las afueras del boliche “Puerto Megadisco”, ubicado en calle Jujuy casi esquina San Martín. Los golpes le produjeron, además de la fractura, un profundo corte en el brazo izquierdo.

 


Maxi Delale (19) y su primo Nicolás Mendoza (19), denunciaron que fueron ferozmente golpeados por personal del 911 a la salida de un local bailable de la ciudad de General Guemes. Los dos jóvenes terminaron hospitalizados en un centro asistencia de la Capital por la golpiza. Los familiares reclamaron policías al servicio de la comunidad y “no matones a sueldo”.
 

 Salta fue noticia nacional por el gravísimo hecho que protagonizaron cinco policías que fueron filmados cuando sometían a torturas a dos jóvenes detenidos en la comisaría de General Güemes.
Las aberrantes imágenes de los policías salteños torturadores fueron difundidas por internet y generaron un enérgico repudio de la comunidad nacional y de sectores defensores de los derechos humanos.

En el caso Evangelina Pisco, que murió al caer en un pozo de agua en Tartagal, los investigadores de la Policía detuvieron a un grupo de jóvenes aborígenes y utilizaron golpes, torturas y vejaciones para hacerles confesar algo que no cometieron. La menor había desaparecido a la salida de un baile y una testigo, desde un primer momento dijo que la había visto caer en un pozo de las cloacas.

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