Instituciones que dependen del Estado alojan a 98 chicos que fueron víctimas de situaciones como la violencia en sus familias o la adicción de sus padres. Tras un recurso de amparo que puso por primera vez el tema en debate, se firmó un acuerdo que dejó asentada la intención oficial de buscar salidas para que los niños no pasen su infancia en este tipo de establecimientos.
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Instituciones que dependen del Estado alojan a 98 chicos que fueron víctimas de situaciones como la violencia en sus familias o la adicción de sus padres. Tras un recurso de amparo que puso por primera vez el tema en debate, se firmó un acuerdo que dejó asentada la intención oficial de buscar salidas para que los niños no pasen su infancia en este tipo de establecimientos.
Fabiana Avila, subsecretaria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Provincia, explicó que en 180 días se debería resolver si los niños pueden volver con sus padres o si hay que empezar a evaluar la posibilidad de que los adopten.
La funcionaria aseguró que psicólogos y asistentes sociales trabajan con las familias para evaluar cada caso.
En 2010, la defensora oficial civil Natalia Buira había presentado un recurso de amparo que exigía alternativas para que los chicos vulnerables no crecieran en institutos.
La demanda se originó por el caso de tres hermanos que pasaron 14 años en internados desde que perdieron a su papá pese a que tenían otros parientes.
La defensora oficial inició un reclamo colectivo por todos los menores de edad que estaban en situaciones similares. Denunciaba que se atentaba contra del derecho de los niños a crecer en un ambiente familiar y no en una institución pública.
La defensora pedía que se apoyara económicamente a tíos o abuelos para que lograran hacerse cargo de los chicos que no pueden estar con sus padres. Otra posibilidad que planteaba era buscar familias que los cuidaran momentáneamente o los adoptaran cuando fuera necesario.
Hace dos años había 120 niños internados en organismos del Estado. Fabiana Avila aseguró que el número tiende a bajar pero también se refirió a la complejidad de las realidades que se plantean.
“Hay situaciones que hacen que los chicos necesiten separarse de sus vínculos momentáneamente pero eso no significa que deban separarse definitivamente. Los padres pueden estar presos, por ejemplo, y en ese caso no es posible decidir la adopción”, dijo la funcionaria.
El 31 de octubre Natalia Buira firmó un acuerdo con la subsecretaria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y otros representantes de la Provincia para cerrar el recurso de amparo que había iniciado en 2010.
Para llegar a este arreglo, el Gobierno tuvo que presentar a la jueza a cargo de la causa, Cristina Montalbetti, información sobre cómo estaba abordando los casos de chicos con problemas en sus familias.
El Gobierno de Salta además debió exponer ante la Justicia la forma en que empezó a aplicar y seguirá aplicando la ley 26061, de protección integral a niños, niñas y adolescentes. La norma supone que el alojamiento en institutos tiene que ser una medida transitoria y que es obligación buscar otras alternativas.
La causa de los tres hermanos
Tres chicos que perdieron a su papá hace más de 14 años pasaron la mayor parte de sus vidas en instituciones del Estado y lograron irse a vivir con una tía el año pasado, tras una demanda judicial.
Se trata del caso de Mauricio Rodríguez, de 21 años, y sus dos hermanos, cuyos nombres no se difunden porque son menores de edad.
La madre de los chicos no estaba en condiciones psiquiátricas de cuidarlos y fueron derivados a un establecimiento público para niños.
Los chicos tenían una abuela y tíos que se encontraban en muy mala situación económica. Según se señala en la causa, no se pensó en la alternativa de apoyarlos materialmente para que los cuidaran.
Los hermanos crecieron internados e incluso fueron separados. La defensora oficial civil Natalia Buira tomó este caso testigo para presentar un recurso de amparo que demandaba un cambio de políticas.
Los tres hermanos hoy son adolescentes y pudieron mudarse con una tía a Chicoana el año pasado.
El amparo quedó cerrado con un convenio que firmaron funcionarios de la Provincia con la defensora oficial.
“Gracias al trabajo que se viene realizando, hubo un acuerdo. Existe una adecuación a la ley de niños, niñas y adolescentes. Se evita la institucionalización”, dijo a El Tribuno Fabiana Avila, subsecretaria de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Provincia.
“Por fin se logró que en Salta se empiece a hablar en los términos de la legislación vigente”, manifestó la defensora oficial.
Los datos
- El modelo. Los chicos tienen derecho a tener una vida privada e intimidad familiar para crecer y desarrollarse de la mejor forma.
- Vínculos. Los niños y adolescentes deben conocer quiénes son los padres y recibir ayuda para preservar relaciones.
- Acercamiento. El Estado debe colaborar en la búsqueda de los padres u otros familiares de los chicos siempre que sea necesario.