Recusaciones improcedentes, denuncias a periodistas, presiones explícitas al Poder Judicial y cambios de las reglas de juego en medio de la disputa. El 7D llega mañana envuelto en una telaraña de incertidumbre, rodeado de suspicacias y con buena parte de los códigos básicos volando por los aires. Es a todo o nada.
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Recusaciones improcedentes, denuncias a periodistas, presiones explícitas al Poder Judicial y cambios de las reglas de juego en medio de la disputa. El 7D llega mañana envuelto en una telaraña de incertidumbre, rodeado de suspicacias y con buena parte de los códigos básicos volando por los aires. Es a todo o nada.
Ya no existen las formas y la batalla entre el Gobierno y Clarín sobrepasó cualquier límite lógico. El insólito pedido de la Casa Rosada para recusar a un tribunal entero solo puede leerse como un nuevo intento de dilación en una causa clave. ¿Por qué el Gobierno insiste con esta medida si ya fue rechazada un día antes? Básicamente para ganar tiempo, nada más.
La Casa Rosada no quiere bajo ningún concepto que el promocionado 7D termine eclipsado por un revés judicial en una Cámara a la que no considera afín. En dos palabras, si la cautelar de Clarín tiene que extenderse, que sea con el proceso de desiversión ya iniciado, no antes.
De hecho, la repentina eliminación de los 30 días posteriores al comienzo de la aplicación de la ley para que los medios que no se adecuaron lo hagan, es otra prueba inexpugnable de que el Gobierno quiere un 7D integral y sin sorpresas en los días siguientes.
Ocurre que fue tal la expectativa que el Gobierno puso en esa fecha, hablando incluso de una nueva era en la Argentina, que cualquier cosa que la postergue podría ser leída como una derrota política, aún no siendo así.
Una extensión de la cautelar de Clarín no sería un fracaso para el Gobierno, sino un nuevo capítulo de la larga batalla. Lo que podría analizarse como un fracaso sería un eventual fallo definitivo en contra de la ley, pero eso -a la luz de los sucesos- está lejos de suceder. Una muestra de ello sería que el juez de la causa aceptó al Afsca como parte, lo que le permitirá tener una activa participación en el proceso, incluso en el aporte de pruebas.
La nueva recusación del Gobierno también fue un mensaje directo hacia la Corte, que días antes había exigido una rápida sentencia de fondo para la causa.
Al igual que con la advertencia del máximo tribunal a la Anses para que no demore las causas de los jubilados con recusaciones, la Casa Rosada dejó en claro que seguirá adelante con sus planes pese al fallo de los magistrados.
Los dichos de Carlos Kunkel que insinúan un golpe institucional de la Corte designada por el kirchnerismo le agregan una pimienta innecesaria a una causa que ya aparece intrincada como pocas. El máximo tribunal, quien no aceptó extender la cautelar de Clarín en sintonía con los deseos del Gobierno, lo único que hizo fue pedir celeridad en la resolución de una disputa que estaba vaciando a buena parte de los tribunales.
Cada día queda más claro: las extremistas interpretaciones del 7D están nublando la visión de muchos actores políticos y empresarios de la Argentina, transformando una pelea de dos sectores irreconciliables en una especie de causa nacional.
Para que las cosas lleguen al nivel que llegaron Clarín también hizo lo suyo. El solo hecho de que un medio de comunicación denuncie a periodistas por sus opiniones públicas muestra un grado de desesperación pocas veces observado en una compañía de semejante envergadura. Con esa decisión, después de una inexplicable y repentina marcha atrás, el multimedio le dio al Gobierno el argumento perfecto para reforzar sus ataques.
Es que la protección de la libertad de expresión estaba siendo uno de los ejes argumentales más usados por Clarín para oponerse a la ley de Medios. Tras la denuncia, buena parte de esa estrategia perdió credibilidad ante los ojos de la opinión pública, que ve como otros temas de suma importancia para su agenda cotidiana pasaron a un segundo plano por la disputa Gobierno-Clarín.