El frustrado 7D, curiosamente el día más previsible de las últimas dos semanas, abrió una caja de Pandora insospechada que terminó dejando al Estado al borde de un delicado conflicto de poderes. Lo que se había presentado como una epopeya ciudadana de democratización de la palabra, de pronto se había convertido en una especie de golpe institucional de una justicia comprada por un multimedios. Así, sin medias tintas.
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El frustrado 7D, curiosamente el día más previsible de las últimas dos semanas, abrió una caja de Pandora insospechada que terminó dejando al Estado al borde de un delicado conflicto de poderes. Lo que se había presentado como una epopeya ciudadana de democratización de la palabra, de pronto se había convertido en una especie de golpe institucional de una justicia comprada por un multimedios. Así, sin medias tintas.
Preocupado exclusivamente por no quebrar la expectativa que había generado en torno al tema, el Gobierno se olvidó de lo importante -que la ley de Medios tendrá una sentencia inminente y que no se descarta que le sea favorable- y recayó en lo secundario, jugarse a todo o nada para que la desinversión de Clarín empiece anteayer.
Eso le trajo un costo político muy alto e innecesario a la Casa Rosada, ya que pudo haberlo evitado simplemente con pizcas de prudencia, nada más. Pero hubo también otro dato insoslayable: el grupo comandado por Héctor Magnetto demostró que aún mantiene un fuerte peso dentro de la justicia y que hará todo lo que esté a su alcance para hacerlo valer.
El kirchnerismo termina la semana ante los ojos de la opinión pública como si hubiese perdido una batalla que, en realidad, no perdió en absoluto. Esa sensación generalizada no sale de la tapa de los diarios ni de los discursos monocordes de la oposición: los rostros de Martín Sabbatella y Julio Alak, dos de los más golpeados con que el 7D no haya pasado nada más que la Cumbre del Mercosur, hablaban por si mismos.
La Corte, que no había tenido un alto protagonismo en esta causa en los últimos tiempos, tomó la sartén por el mango y le dio una patada casi fundacional al asunto. Lo hizo de la forma en la que lo hace siempre: con racionalidad y de manera salomónica.
La Casa Rosada debería estar contenta de que se exija un rápido proceso de sentencia, porque de no haberlo las cautelares que mantuvieron frenada la ley por tres años no se alejarán del escenario. La desesperación del Gobierno no es que la ley no se vaya a aplicar, eso no está en discusión, lo que lo desvela es que se afecte su estrategia de ponerla en plena vigencia a meses de las elecciones legislativas.
El desafío
En octubre Cristina se juega buena parte de su suerte para los años que le quedan de gestión. Otra fuerte ratificación popular, pasados los cacerolazos y los paros nacionales, significaría un empuje de mayúscula envergadura para encarar la sucesión con tranquilidad. Esa sucesión puede incluirla a ella o no, lo trascendente es que 2015 llegue sin un aumento fuerte de la protesta social.
Ese dilema futuro nubló parcialmente el análisis actual y lo llevó al Gobierno a sufrir un pronunciamiento judicial inédito en los últimos treinta años. Los magistrados de todo el país denunciaron “presiones directas o indirectas” y señalaron directamente al Poder Ejecutivo. Era una reacción previsible.
En solo cinco días, la Casa Rosada había recusado dos veces a los mismos jueces con los mismos argumentos y había desconocido públicamente un fallo de la Corte ordenándole a la Anses que no obstruya las causas de los jubilados. Si a eso se le suma el exabrupto del ministro Alak hablando de un “alzamiento” judicial, las declaraciones de Carlos Kunkel advirtiendo sobre un golpe institucional y la amenaza del senador Carlos Fuentes de hacerle un jury a quienes extendieron la cautelar, el Poder Judicial casi que no tuvo otra opción de la que eligió. No pronunciarse en contra de eso hubiese sido una extraña forma de construir credibilidad en momentos de sospechas y agravios permanentes.
Está claro que cuando las aguas se calmen habrá replanteos profundos en la Quinta de Olivos. La estrategia judicial del Gobierno en distintos ámbitos está siendo defectuosa para su propia imagen y la está llevando a la Presidenta a golpearse reiteradamente contra los fallos de los magistrados.
En los Tribunales, el kirchnerismo está encontrando los límites que no le pusieron nunca sus detractores políticos ni sus medios enemigos. Por primera vez en una década, el Gobierno encontró un adversario que realmente puede hacerle frente y causarle algo de daño, pese a que eso siga sin ser capitalizado por ningún dirigente opositor.