El estado de Río se apresuró a otorgar un aumento del 39% en los salarios, progresivo hasta enero de 2013.
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El estado de Río se apresuró a otorgar un aumento del 39% en los salarios, progresivo hasta enero de 2013.
Algunos estados de EEUU descuentan dos días por cada día de huelga que realizan los empleados públicos.
Con el carnaval no se juega. Así parecen pensar nuestros poderosos y dicharacheros vecinos brasileños, al ver amenazada la realización de sus famosas fiestas carnestolendas por el estallido de conflictos policiales iniciados en el estado de Bahía.
Desde que comenzó la huelga, el pasado 31 de enero, Salvador, ciudad de 2,9 millones de habitantes, ha registrado 146 homicidios, más del doble que en los diez días anteriores y una ola irrefrenable de robos y saqueos. Como es sabido, se dispuso la intervención del Ejército (que parece que como misión no solo debía garantizar la paz social, sino fun-da-men-tal-men-te la realización del carnaval). Los líderes sindicales se entregaron al Ejército, pero la huelga bahiana continúa. Los huelguistas atrincherados se entregaron después de que un tribunal rechazara un recurso de hábeas corpus en el que solicitaban la libertad para los doce líderes del motín, contra los que se habían dictado órdenes de detención. En la decisión de los jefes del movimiento también gravitó -profundamente- la divulgación, en el canal de televisión Globo, de conversaciones telefónicas, grabadas legalmente por otros cuerpos policiales, en las que Marco Prisco (líder de la protesta) coordina la quema de vehículos con otro policía para atemorizar a la población durante la huelga.
En el estado de Río de Janeiro (abriendo el paraguas), la Asamblea Legislativa se apresuró en otorgar un aumento del 39% en los salarios, progresivo hasta enero de 2013. (Según este dato es dable advertir que Brasil tiene una fuerte expectativa inflacionaria).
De nada sirvió anticipar la movida ya que, este fin de semana, policías y bomberos cariocas también se declararon en huelga. Por estos sucesos, fue aguardada con gran expectativa la conferencia de prensa que dio el secretario de Seguridad Pública de Río, José Mariano Beltrame, para llevar tranquilidad a la población.
Cuando afirmó que “está garantizada la seguridad del carnaval” carioca (que comenzará dentro de una semana y que atrae a decenas de miles de turistas de todo el mundo) se produjo una reconfortante sensación de alivio en los periodistas presentes que transmitieron la noticia para regocijo del resto de la población. A segundo plano pasó la nimia circunstancia de la continuidad del paro, su eventual solución y las consecuencias penales que pudieran derivar de la actitud de los policías.
Este conflicto nos hace plantear el interrogante sobre la licitud y la conveniencia de que los policías (y otros agentes de Fuerzas Armadas y de seguridad) puedan constituir sindicatos y/o celebrar convenios colectivos y/o recurrir a la huelga.
Desde el punto de vista jurídico en Brasil la cuestión es clara, ya que la Constitución Federal (inciso 4, artículo 142) dice: “Son prohibidas la sindicalización y la huelga a los militares” (en Brasil la policía es “militar”). El Supremo Tribunal Federal (STF) ha dicho que son “impensables” las huelgas de militares, cuerpos de bomberos, policías estaduales, Ejército, Marina y Aeronáutica.
Derechos casi nulos
A nivel mundial son pocos los países que reconocen derechos gremiales a este sector. Los que lo aceptan -
de todas formas- no lo hacen en forma absoluta. Recordemos que aún hay muchos países que ni siquiera reconocen el derecho de huelga a simples trabajadores de la administración pública (algunos estados de EEUU les aplican el “two for one penalty”: descuentan dos días por cada día de huelga; en Japón se aplican multas). Cruzando la frontera norteamericana encontramos que en Canadá existe un reconocimiento bastante interesante del accionar sindical policial, tal como pudimos ver en la excelente serie televisiva “The Bridge” (que fue dada de baja con honores por su escaso rating).
España y Uruguay admiten con bastante amplitud el derecho policial a sindicalizarse, y de hecho, nuestros vecinos rioplatenses se muestran bastante activos en esta materia. Francia e Italia los reconocen, en menor medida.
A nivel nacional existen varios antecedentes de intentos de sindicalización por parte de los policías de Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro, nucleados en la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), que abarca a unos 20 “sindicatos” policiales; Salta es uno de ellos). En todos los casos han encontrado un categórico rechazo por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, que fue respaldado por varios fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ante esta negativa los “sindicatos” (así se autodenominan) recurrieron en queja ante la Organización Internacional del Trabajo, que también rechazó sus planteos, ya que tanto los convenios de esa organización como otros tratados internacionales dejan a salvo el derecho de los Estados nacionales de reconocer o no este tipo de organizaciones. El Ministerio de Trabajo, a su vez, argumentó que la tarea de la seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías.
Asimismo, señaló que se generaría un estado deliberativo que afectaría la seguridad de las personas, más aún si se considera que fuerzas armadas y policía detentan (sic) el monopolio de la fuerza pública a tales efectos. Sin embargo, el organismo laboral deja abierta la puerta para la “implementación de mecanismos administrativos adecuados donde sean garantizados los derechos de los integrantes de las citadas fuerzas”.
Creemos que esta es una recomendación que debería ser, seriamente, considerada por el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Una de las ventajas que se atribuye a estas organizaciones gremiales es que cuando estallan los conflictos existen interlocutores válidos con quienes dialogar, evitando situaciones de anarquía y asambleísmo que conspiran contra la necesaria verticalidad de estos organismos de seguridad.
En EEUU, precisamente, se admite la participación de organizaciones cuasi-sindicales de la policía, como mediadores en los conflictos.
Antes de que estalle un nuevo conflicto, deberían existir vías de comunicación en la que los agentes policiales tengan sus vías de expresión y contención.
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